La explosión del 11 de abril pasado en la estación “Oktiábrskaya” del metro de Minsk en la hora de mayor afluencia de pasajeros fue para Bielorrusia un acontecimiento más que extraordinario.
Fue calificado de inmediato como un ataque terrorista y la policía comunicó que otras versiones estaban descartadas. El atentado causó 12 muertos y unos 150 heridos.
Fue un accidente horroroso y triste. En primer lugar, porque hubo muertos y heridos, y en el segundo, porque en la capital bielorrusa desde la época de la Segunda Guerra Mundial nunca ha pasado nada semejante excepto un caso parecido.
El 4 de julio de 2008, durante el concierto en el parque capitalino de la Victoria estalló un dispositivo de fabricación casera colocado en un cartón vacío de zumo de naranja.
En aquella ocasión fueron hospitalizadas 47 personas, pero no hubo víctimas mortales.
Para conservar la imagen de Bielorrusia como “territorio libre del terrorismo”, las autoridades evitaron por todos los medios mencionar oficialmente ese concepto y el expediente penal abierto al respecto fue tipificado como “gamberrismo premeditado”.
Sin embargo, esta vez fue un crimen de envergadura que claramente persigue un objetivo político. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, la misma tarde del incidente llegó al lugar de explosión para depositar flores.
Ahora se esperan redadas, registros e investigación policial a gran escala. Porque incluso tras la explosión mucho menos terrible del 4 de julio de 2008 se procedió a tomar las huellas digitales de un millón trescientos mil ciudadanos bielorrusos (¡en el país de 10 millones de habitantes!).
“Los responsables serán castigados con toda la severidad. ¡No puedo admitir terrorismo en el país!” – repetió Lukashenko meses después.
Ahora las autoridades bielorrusas tienen la tentación de aumentar la presión sobre la oposición “legal” haciendo de ella el primer sospechoso del crimen.
Si así sucede perjudicará a la misma Bielorrusia, a Rusia y al resto de Europa. La oposición legal bielorrusa tiene muchos defectos pero difícilmente puede ser acusada de promover la violencia y, mucho menos, al terrorismo.
La mayoría de los adversarios políticos de Lukashenko son personas que empezaron sus carreras políticas, al igual que el actual presidente bielorruso, en los últimos años del poder soviético, durante las reformas de la “perestroika” (1986-1991). Los políticos de este tipo pueden pecar de populismo, demagogia barata o incompetencia, pero nunca recurrirían al terrorismo.
En el curso de la investigación del atentado de 2008, miles de personas figuraron en calidad de sospechosos. Una de las versiones principales giraba alrededor de un jóven de 23 años, residente en la ciudad de Molodechno (provincia de Minsk), que intentó confeccionar un petardo casero y perdió tres dedos al mezclar las sustancias explosivas en una jeringa.
La investigación fue exhaustiva pero al fin de cuentas el sospechoso resultó ser lo que en realidad era – un aficionado a la pirotécnica, aquellos que no dejan dormir a la gente de bien en la Noche Vieja.
Ahora el círculo de los posibles sospechosos es mucho más amplio. Por ejemplo, los participantes de los disturbios masivos en Minsk el 19 de diciembre de 2010 después de las elecciones presidenciales, que siguen detenidos y procesados.
Lukashenko habla sin cesar sobre intrigas y maquinaciones contra la paz en Bielorrusia. Así que la policía y los jueces de instrucción esta vez tendrán plena libertad de acción.
Una cosa está clara: los cuentos de Lukashenko sobre Bielorrusia como un “islote de paz” en el tormentoso y criminal océano postsoviético, resultaron ser una quimera.
Desde luego, podrá seguir culpando de todo a Rusia o, si ella se niega a aguantar los reproches, al Occidente.
Tras los sucesos del diciembre del año pasado, el presidente ruso Dmitri Medvédev, ya dio a entender que Rusia no va a consentir que continúe esta actitud.
Y Occidente, que hace poco experimentó una profunda desilusión con Lukashenko, no va a querer entablar diálogo con él durante varios años.
Mientras la oposición bielorrusa, al igual que muchos ciudadanos del país, tienen sus propias cuentas para con el jefe de Estado.
Con las detenciones, enjuiciamientos y amedrentamientos tras los disturbios del diciembre pasado el presidente bielorruso sólo logró que la oposición legal, según el politólogo bielorruso Valeri Karbalévich, dejara de ser un “sujeto político”.
Pero incluso la experiencia totalitaria soviética testimonia que si un nicho de mercado no se ocupa de manera legal, se ocupará ilegalmente. Quizás, esa oposición ilegal haya intentado llenar el vacío utilizando los métodos extremos.
En los tiempos soviéticos la gente se disparaba por cosas que hoy en día parecen insignificantes: por conseguir acceso a los bienes escasos debido al déficit de producción, como alcohol, caviar o, incluso, entradas de teatro y libros.
En la Bielorrusia de hoy sucede algo semejante: el patente “déficit” de herramientas de influencia sobre el poder puede empujar a algunos ciudadanos a acceder a ellas por vía de la violencia.
El Estado debe luchar contra estos ciudadanos, pero hay que hacerlo conjuntamente con la oposición y no por llevarle la contraria. Aunque a Lukashenko estas reflexiones tan sutiles pueden parecer excesivas. Es más fácil encontrar a un “chivo expiatorio” de turno con un petardo explosivo de producción casera y “relaciones” con alguno de los ex candidatos al presidente.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE OBLIGATORIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI
