Honduras, país centroamericano que una vez recibiera junto con Guatemala y Costa Rica el seudónimo peyorativo de "república bananera", no ha dejado de sucumbir ante los cuartelazos. Entre estos tenemos los que sufrió en 1956, 1963, 1972, 1978 y el perpetrado el 28 de junio pasado.
El último se produjo debido a que el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, anunciara una consulta popular sin carácter vinculante. Su objetivo era conocer la opinión del pueblo sobre la instalación de una cuarta urna en las elecciones de noviembre próximo para convocar una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución.
El gobierno de facto explica que Zelaya al convocar dicha consulta violó los artículos 5, 239 y 374 de la Constitución hondureña que en resumen, dicen que el gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa, que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República y que no podrán reformarse artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al período presidencial, a la reelección, etc.
Si la acción del presidente Zelaya fue calificada como grave violación a la Constitución, entonces por qué no le abrieron un juicio, por qué no se llevó a cabo una moción de censura, por qué no le atribuyeron culpa de la que nunca se hablaba y de la que ahora es víctima, por qué no se ciñeron a la Constitución que tanto defienden y que a propósito no estipula la expatriación de un ciudadano hondureño y en la que se dice que el presidente puede ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General.
La ejecución del golpe se vaticinaba desde el momento en que la Corte Suprema denegó la posibilidad de convocar la consulta y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Romeo Vásquez, se negó a apoyarla por orden de la misma corte que lo restituyó pasando por alto la orden legítima del Ejecutivo.
En la madrugada del 28 de junio militares encapuchados sacaron a balazos al presidente hondureño de su residencia, lo llevaron a una base aérea de la capital y lo expulsaron a Costa Rica. La misma suerte corrió la cancillera, Patricia Rodas, luego de que Zelaya confirmó a TeleSur que se encontraba en el país vecino.
Rodas fue secuestrada por los militares golpistas el mismo día en presencia de los embajadores de Cuba (Juan Carlos Hernández), Venezuela (Armando Laguna) y Nicaragua (Mario Duarte), quienes fueron golpeados pese a que explicaron a los militares que gozaban de inmunidad diplomática y que estaban amparados por la Convención de Viena.
La tarde del 28 de junio, el Congreso de Honduras dió lectura a una supuesta carta de renuncia de Manuel Zelaya que gustosamente aprobó, pero que inmediatamente después fue desmentida desde Costa Rica por el propio Zelaya. Pese a que la renuncia fue refutada, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, asumió el cargo de presidente del país por decreto del organismo que él mismo preside.
A todo esto se sumó el toque de queda anunciado por los golpistas en un intento por frenar la protesta popular y el cerco mediático para mantener desinformada a la población y evitar que en el exterior se enteraran de lo que ocurría en el país: fueron cerrados los canales de televisión, se impidió que canales de cable y emisoras de radio salieran al aire, se procedió a amenazar y agredir a periodistas, se cortó la electricidad etc.
Al respecto, estas barbaridades fueron condenadas enérgicamente por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que atenta contra la libertad de expresión en Honduras desde inicios del gobierno de facto en ese país, tras el golpe de Estado contra el presidente constitucional, Manuel Zelaya.
Luego de que la OEA suspendió a Honduras de su participación en la organización, el presidente Zelaya el pasado 5 de julio viajó a su país acompañado del presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Miguel D'Escoto, con el fin de retornar a su cargo.
El gobierno de facto no lo dejó aterrizar en el aeropuerto de Toncontín, Tegucigalpa, donde los militares arremetieron con disparos de bala y gases lacrimógenos contra decenas de personas congregadas en las afueras del aeropuerto que esperaban a su Presidente y como resultado murió al menos un joven.
La población hondureña, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), EEUU, los países del ALBA, la Comunidad Andina, el Movimiento de Países No Alineados (NOAL o MPNA), la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), el Grupo de Río y otros países y organizaciones a nivel mundial, condenan categóricamente el golpe.
Todos estos elementos ponen en tela de juicio los argumentos habidos y por haber del presidente interino de Honduras y de los que le acompañan para justificar su acción cobarde, alevosa e inconstitucional, que además estaba muy bien tramada. Pues, mientras la atención estaba puesta en Bolivia atacada de las más diversas formas con el objetivo de detener el proceso de integración latinoamericano, el golpe fue asestado por dónde menos lo esperaban los que la promueven y defienden.
Así pues, el proceso de integración latinoamericano nuevamente es atacado, pero en comparación con la crisis diplomática que estalló el 1 primero de marzo del año pasado entre Ecuador y Colombia debido a que este último incursionara militarmente en territorio ecuatoriano y en la que se dio de baja al segundo comandante de las FARC, Raúl Reyes, el golpe de estado en Honduras ha resonado a nivel internacional y afecta la mencionada integración.
La suerte de que la crisis diplomática no degenerara en una confrontación bélica y se internacionalizara, se debe a que la reacción de Ecuador, Venezuela y de los países del Grupo de Río fue inmediata e inesperada para los autores intelectuales del conflicto, lo que favoreció a que el Derecho Internacional se aplicara y surtiera efecto hasta cierto punto, puesto que las relaciones actuales entre Ecuador y Colombia son bastante delicadas.
Las casualidades no se dan así por así. En marzo de 2007 en Ecuador se formó la Red Mundial para la Abolición de Bases Militares Extranjeras que fue apoyada por Rafael Correa al cumplir su reiterado compromiso de no prolongar el convenio sobre la Base de Manta que vence a fines de este año. Los interesados no lograron su objetivo: hacer que estallara la guerra en la región con el afán de justificar su presencia militar para entrometerse en los asuntos internos de los países latinoamericanos que aspiran a un mayor protagonismo en el ámbito internacional.
Los defensores y promotores de la integración latinoamericana controlaban la situación por lo que el maléfico plan de desestabilizar la región, elaborado por países potencia que no se resignan a perder el continente como fuente de riqueza, fracasó.
En el caso de Honduras el panorama es todo lo contrario: la situación está bajo el control de los autores intelectuales del golpe. Las Fuerzas Armadas están compradas, asumió el poder el titular del Congreso guatemalteco, Roberto Micheletti, empresario del transporte público que ha sido legislador durante 27 años y que violó la Constitución al postularse como candidato en las pasadas elecciones presidenciales a través de un amparo solicitado ante la Corte Suprema sin haberlo anunciado a la presidencia del ente legislativo al que retorno tras perder los comicios.
Reinstaurar el orden constitucional en Honduras por la vía diplomática será muy difícil puesto que los representantes de las organizaciones internacionales que intentan contribuir al retorno del presidente Zelaya al poder, están tratando con personas sin escrúpulos, representantes de intereses ajenos a su país y capaces de todo.
Según medios de información internacional, el gobierno de facto está cediendo, mostrando disposición al diálogo, pero de otro lado simplemente está ganando tiempo para retirar a su país del ALBA con la finalidad de frenar el proceso de integración y convertirse en centro de influencia de los países autores intelectuales del cuartelazo en Honduras que hasta el momento no han sido identificados pero sí sospechados.
Asimismo, están ganando tiempo para afianzarse en el poder mediante el caso omiso al llamado de la comunidad internacional por la reinstauración del orden constitucional en el país centroamericano. Valga como ejemplo de caso omiso las votaciones reiteradas a favor del cese del bloqueo económico impuesto por EEUU contra Cuba, que sin embargo se mantiene vigente.
La lucha por restablecer el orden constitucional será una prueba de fuego no sólo para los líderes que optaron por el proceso de integración latinoamericano, sino también para la Administración Obama que reconoce a Zelaya como único presidente legítimo de Honduras y no deja de anunciar su respeto a las normas constitucionales y democráticas.
Retirar su embajador de Honduras, cesar todo tipo de ayuda financiera, no tratar con el gobierno de Micheletti, respetar las acciones que los líderes latinoamericanos consideren pertinentes para el retorno de Zelaya al poder, será una muestra verdadera de que la Administración Obama realmente defiende la democracia y se opone a quienes en su país y en otros se empeñan en impedirle cambiar la política internacional estadounidense.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDIRÁ OBLIGATORIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI
