TeleSUR _ 25/10/07 -Luego de una campaña electoral que hasta este jueves cobró la vida de 29 aspirantes, los colombianos eligen este domingo a más de 18 mil 500 autoridades regionales.
Y pese a que las temporadas electorales en la nación neogranadina siempre han sido controversiales y han estado marcada por la violencia, ésta tiene una particularidad, pues podría servir a la extrema derecha armada para afianzar su influencia política en la nación.
Recordemos que el miércoles, desmovilizados de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia anunciaron que constituyeron un partido político, el Movimiento Nacional de Autodefensas Desmovilizadas, para aspirar a cargos de elección popular.
Esa iniciativa sirvió para que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, reaccionara pidiendo a los ciudadanos "proteger la democracia" y "no permitir" candidaturas apoyadas por los paramilitares ni por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"El gobierno que presido y que tiene la autoridad moral de haber desmontado el paramilitarismo, que tiene la autoridad moral de proteger todas las expresiones de la democracia colombiana, les pide hoy (...) que no permitamos que prosperen candidaturas corruptas, no permitamos que prosperen candidaturas apoyadas por las FARC", dijo.
En tanto, para reforzar los comicios, se dispuso que las Fuerzas Militares desplegaran la presencia de 167 mil 559 efectivos para labores de control. La prevención parte de un informe de la Defensoría del Pueblo, que señala que más de la tercera parte de los mil 98 municipios colombianos están expuestos a sufrir perturbaciones por parte de la guerrilla y los paramilitares durante los comicios.
Deslindarse de la "parapolítica"
El politólogo León Valencia explicó a TeleSUR que el gobierno colombiano atribuye a la guerrilla los actos de violencia e intimidación sucedidos en torno al proceso electoral, minimizando la actuación paramilitar, para de esta manera deslindarse del escándalo político que desde hace meses acapara titulares en el país andino.
"Aquí influye la guerrilla, pero también los grupos paramilitares. Sin embargo, el gobierno tiende a minimizar al paramilitarismo, dicen que se acabó y por eso han descuidado esas zonas donde actúan", lamentó.
"Reconocemos que se desmovilizaron algunas zonas densas, pero de todas todas, fue parcial. Pero no lo pueden reconocer públicamente, porque sería reconocer que han fracasado las políticas gubernamentales. Lo claro es que esconderlo le hace mucho daño al país", sostuvo.
Comentó que "en estas elecciones hay una presencia muy grande del paramilitarismo con los dirigentes políticos vinculados con ellos. Están actuando en todas las regiones del país, porque tienen candidatos en todas partes".
"Por ejemplo, cinco partidos que tienen la mayoría o la totalidad de sus parlamentarios presos, o llamados a indagatoria, o llamados a versión libre por la Corte de justicia o por la fiscalía por el caso de la parapolítica, los están avalando y tienen una presencia en todos los territorios del país", detalló.
Con todo y eso, el presidente Uribe asegura que gracias a su política de seguridad interna (enfocada principalmente a combatir a las FARC) esta campaña electoral ha sido más pacífica que la de 2003.
Apreciación que sigue estando muy lejos de la realidad, pues estos comicios que serán supervisados por 125 observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), no sólo han dejado 29 aspirantes muertos, sino que también otros nueve fueron secuestrados y 91 amenazados de muerte, según la independiente Misión de Observación Electoral (MOE).
"Es muy preocupante la situación del país. Es doloroso que las armas y el dinero del narcotráfico alteren tanto la competencia política. Sin embargo, un poco la opinión está en favor de todas estas cosas que son muy dañinas para la democracia", se quejó.
"Colombia ha vivido un quiebre de la democracia en estos últimos años, y se va a ratificar en esta campaña política", opinó Valencia.
Por su parte, la OEA advirtió sobre la trashumancia electoral (traslado masivo de votantes de una localidad a otra para favorecer a un candidato), en tanto que la MOE y otros organismos de control público, han denunciado compra de votos por dinero o por beneficios posteriores, especialmente en la región norte del país, donde esa práctica es histórica.
