Moscú, 30 de junio, RIA Novosti. Celebró su primera reunión el grupo de trabajo de la Cámara Pública de Rusia, encargado de preparar enmiendas a la legislación en materia de discapacitados.
El grupo fue constituido en abril del año pasado durante las audiencias públicas sobre pobreza. Desde aquel entonces se presentaron decenas de propuestas de introducir modificaciones en actas legislativas. Los problemas clave son los siguientes:
- adjudicación de viviendas a minusválidos,
- - concesión de plazas en sanatorio y balnearios,
- - oportunidad de estudiar y trabajar,
- - asignación de pensiones el pago de las mismas.
Además, se sugiere conferir cooficialidad al lenguaje de gestos y crear centros docentes especiales para niños con trastornos psíquicos.
El grupo de trabajo, integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales, seleccionó de la lista los problemas más acuciantes que urgen solución por vía legislativa. Se supone someterlos a atención de la Comisión para Desarrollo Social y luego, enviar en forma de proyecto de ley a la Duma de Estado.
Los participantes en la reunión llegaron a la conclusión compartida de que el problema clave es la definición de la incapacidad permanente.
El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minusválidos (SNM), Alexandr Klépikov, planteó mantener los grupos de invalidez vigentes (I, II y III) y tachar de todos los documentos legislativos la norma reguladora de acceso al trabajo. "A un discapacitado le dicen que es incapaz de trabajar, violando por tanto su derecho constitucional. La capacidad y la oportunidad son conceptos distintos", afirmaban dirigentes de organizaciones no gubernamentales.
"Se trabaja también en otras proposiciones", concluyó el miembro de la Cámara Pública de Rusia y presidente de la SNM, Alexandr Lomakin-Rumiántsev.
No obstante, un tercio de los rusos pone en duda la capacidad de la Cámara Pública de ejercer influencia sobre las estructuras oficiales. La Cámara Pública se transformará en un organismo burocrático común y corriente, considera uno de cada tres habitantes del país.
En honor a la verdad, el 23% de los entrevistados se mostró seguro de que la Cámara Pública podría controlar de una manera eficaz la actividad de los órganos ejecutivos y legislativos. El 33% de los jubilados confía en la nueva estructura.
Tatiana Kalínicheva
