"La Corte Penal Internacional [CPI] pierde cada día más su autoridad y su estatus debido a la selectividad de su labor. Así, una justicia selectiva no puede considerarse una justicia plena", indicó.
Con ello, señaló que los Estados europeos, que han firmado el Estatuto de Roma, no demuestran su compromiso con la misión de la Corte, ya que la apoyan únicamente cuando los casos en trámite favorecen sus objetivos políticos.
De lo contrario, "no los toman en serio, lo que convierte a la Corte en un mecanismo político, y no judicial", observó el analista.
Nashabé sostuvo que la CPI "carece de la legitimidad suficiente, a pesar de que el Estatuto de Roma prometía inicialmente garantizar la justicia y juzgar a los individuos por los delitos que cometieron".
En este contexto, apuntó a una presión externa que sufre la entidad, lo que le resta credibilidad y le impide restablecer justicia.
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