"En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva a la norma que modifica la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Fue respaldada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones", indica un comunicado.
Para conseguir sancionar la normativa, el Gobierno logró el apoyo del Pro, cuyo referente es el expresidente Mauricio Macri (2015-2019); la Unión Cívica Radical (UCR), y legisladores que responden a gobernadores de provincias mineras, como San Juan (oeste) y Catamarca (noroeste).
Durante la sesión, partidos de la oposición calificaron la norma de anticonstitucional porque entraña una regresión en materia ambiental, mientras que la oposición negó que ese fuera el espíritu de la ley.
La semana pasada, expusieron en dos audiencias 400 de las más de 102.000 personas que se anotaron para participar de estas convocatorias, que son de carácter obligatorio por mandato de la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que estipula obligaciones en materia de participación ciudadana en temas ambientales.
Alcance de la reforma
La reforma al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que recibió media sanción en el Senado el 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, empodera a las provincias para definir qué cuerpos de agua pueden ser resguardados y cuáles no, siempre que sea avalado por estudios técnicos.
La iniciativa del oficialismo delega en las jurisdicciones que tienen glaciares en sus territorios la posibilidad de priorizar las actividades productivas en estas áreas de donde nacen buena parte de los ríos del país.
El proyecto debilita el inventario contemplado en la Ley de Protección de Glaciares, al asumir que deben ser incluidas solo masas de hielo que "cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas".
Diversos expertos y organizaciones ambientales consideran ilegal e inconstitucional la medida, por habilitar la desprotección de áreas glaciares y vulnerar la Constitución, que en su artículo 41 estipula presupuestos mínimos de cuidado a nivel nacional que no pueden ser reducidos por las provincias.
La medida también ha generado controversias y movilizaciones de protesta en provincias como Mendoza (centro-oeste), ubicada al pie de la cordillera de los Andes.
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