Maximiliano Dávila, excoronel de la Policía, fue condenado a 25 años de prisión en Nueva York, Estados Unidos, por su participación en el envío de más de una tonelada de cocaína a ese país. El caso en su contra suma el uso de armas y de elementos del Estado boliviano, incluidos uniformados que custodiaron la carga de narcóticos a aviones en varios aeropuertos de la nación sudamericana. El expolicía fue designado jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en 2019, durante el último año de Gobierno de Evo Morales.
El pasado 13 de marzo fue detenido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el narco más buscado de Sudamérica, el uruguayo Sebastián Marset, quien de inmediato fue deportado a EEUU por gestiones de la agencia antidrogas de ese país (DEA, por su sigla en inglés), la cual se reinstaló en Bolivia en 2025.
El Gobierno de Rodrigo Paz volvió a acercar a Bolivia a EEUU. Días atrás, el presidente concurrió a la convocatoria de Donald Trump para apoyar la conformación del Escudo de las Américas, una iniciativa integrada por 17 naciones del continente bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, se refirió al expolicía: "Hay una sentencia de 25 años dictada contra Maximiliano Dávila. Es un ejemplo de lo que sucede cuando hay personas que se dedican a actividades ilegales. Es un reflejo mundial de las consecuencias porque no hay personas que puedan tener privilegios en ningún país".
"Un poder extraordinario"
Desde EEUU, autoridades judiciales y de la DEA se refirieron a la condena al exjefe antidrogas de Morales. Dávila fue detenido en 2022 en la población de Villazón (Potosí), cuando se aprestaba a cruzar la frontera hacia Argentina. En 2024 fue extraditado para ser juzgado en Nueva York en 2025. El pasado 20 de marzo se conoció su sentencia por conspiración para el tráfico de drogas y de armas.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, sostuvo que "Maximiliano Dávila Pérez ejercía un poder extraordinario como principal responsable antidrogas de Bolivia y eligió abusar de ese poder para apoyar a los mismos narcotraficantes que había jurado investigar, todo para enviar enormes cantidades de cocaína a Nueva York".
Terrance Cole, director de la DEA, consideró que "la traición a la confianza pública por parte de un agente de la ley es un abandono total de su juramento".
En este sentido, aseguró que Dávila "convirtió su oficina en una empresa criminal, protegiendo a los traficantes. Sus acciones alimentaron la violencia, la corrupción y la adicción. La sentencia de hoy deja claro que ninguna placa, ningún título ni posición protegerán a quienes eligen el crimen sobre el deber".
Una sentencia alta
En diálogo con Sputnik, el abogado estadounidense Thomas Becker señaló que la sentencia dictada por la jueza Denise Cote "es muy elevada". Al respecto, destacó que las penas por narcotráfico van de cinco a 10 años de prisión. "Si a Dávila le dieron 25 años, significa que fue un delito mucho más serio", señaló.
Durante 2019 y 2020, agentes encubiertos de la DEA dialogaron con Dávila para supuestamente traficar una tonelada de cocaína a EEUU. Como prueba de la calidad de su producto, les hizo llegar 10 kilos a la ciudad de Lima, Perú.
Les garantizó que generaría zonas liberadas para facilitar el envío de la droga vía aérea. Gran parte de estas conversaciones fueron grabadas y luego utilizadas como prueba determinante durante el juicio.
"La pena más grande sería porque él, como policía, había ofrecido la participación de armas en los envíos. Otro factor muy fuerte es que, primero, es un exoficial de la Policía. Como exjefe de la FELCN estaba a cargo de combatir el tráfico de drogas. Junto al uso de armas redundó en el aumento de la sentencia", evaluó Becker.
Un escudo a medida
El abogado se refirió a la cumbre Escudo de las Américas, realizada el pasado 7 de marzo en la ciudad de Miami: "Por un lado, es bueno procesar personas que cometen delitos. Por otro lado, tenemos que mencionar que [el presidente estadounidense Donald] Trump quiere mostrar premios de lo que ha hecho".
Asimismo, observó que en la mencionada cumbre no participaron representantes de México, Colombia o Brasil, "los tres países más grandes en América Latina", también afectados por el narcotráfico.
En síntesis, sentencia que el Escudo de las Américas "fue un discurso de Trump, quien dijo: 'Vamos a hacer A, B, C y D'. Esa es la batalla contra las drogas de EEUU. Se enmarca en la 'Doctrina Donroe', que visualiza a América Latina como patio trasero".
Becker tiene una larga relación con Bolivia. Fue uno de los abogados que en EEUU participó de la querella contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), acusado de haber ordenado que las Fuerzas Armadas y la Policía dispararan sobre la población, lo cual ocasionó la muerte de al menos 70 personas en el marco de la Guerra del Gas, en octubre de 2003.
El abogado expresa su preocupación por el retorno de la DEA a la nación sudamericana: "La historia de EEUU en Bolivia siempre ha sido peligrosa para Bolivia. EEUU ha explotado mucho los recursos, mientras los Gobiernos han impulsado políticas que la gente de Bolivia no quiere".
El caso Morales
Desde finales de 2024, el expresidente Morales está recluido en las poblaciones del Trópico de Cochabamba (centro), donde más fuerte es el apoyo de sus seguidores. En ese territorio se inició en la dirigencia sindical, como líder de los campesinos cocaleros. Es una región que está nuevamente bajo el foco de la DEA, la cual sostiene que allí es donde se fabrican estupefacientes.
Sobre Morales pesa una orden de detención por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad en 2015, con quien habría tenido una hija al año siguiente. Los seguidores del expresidente aseguran que, si lo capturan, muy probablemente lo enviarán a EEUU para que enfrente la justicia como implicado en casos como el de Dávila, porque él fue quien lo designó al frente de la FELCN.
Para Becker, el expolicía no habría dado información de relevancia sobre otros funcionarios implicados en sus acciones delictivas, por ello también la condena a 25 años.
"Generalmente quien ofrece información puede reducir su sentencia, por lo cual para mí no ofreció información de grandes peces", precisó.
En los hechos, sostuvo el analista, "no sabemos lo que pueda pasar con este Gobierno de Trump, que tiene interés en atacar a los opositores de la izquierda. No solamente en América Latina, en nuestro país también. Trump trata de procesar a cualquiera que lo critique".
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