Este incremento del 48% implica que, en los últimos tres años y medio, durante la gestión del presidente Gustavo Petro, el compromiso financiero del Estado ha crecido a un ritmo promedio de 320.000 millones de pesos diarios ($87.000), impulsado por un persistente desequilibrio entre los ingresos y el gasto público.
De acuerdo con el centro de estudios Anif, la deuda bruta representó el 64,4% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2025, la cifra más alta desde 1999, exceptuando el periodo de la pandemia.
Los analistas advirtieron al medio que la caja de la nación ha tocado mínimos históricos, reduciendo la capacidad de respuesta ante posibles choques externos. Aunque el Gobierno proyecta una estabilización, entidades como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) consideran que estas metas son poco creíbles sin un recorte de gasto.
Un factor agravante es el elevado costo del financiamiento. Actualmente, Colombia se posiciona como el cuarto país emergente con los intereses de deuda más costosos del mundo en dólares (7,1%), solo superado por Ucrania, Argentina y Turquía. Esta carga financiera absorbe casi una tercera parte de los ingresos tributarios del país, lo que limita significativamente el margen de maniobra para la inversión social y el desarrollo de proyectos públicos.
El incremento en las tasas de interés no solo afecta las arcas del Estado, sino que impacta directamente en la economía ciudadana. Expertos señalan que el alto costo de la deuda pública presiona al alza las tasas del mercado financiero general, encareciendo los créditos de vivienda, vehículos y consumo. Además, el déficit fiscal genera una presión constante hacia la implementación de nuevas reformas tributarias para intentar cubrir los compromisos financieros pendientes.
La percepción de riesgo país también muestra un deterioro comparativo en la región, pese a la buena marcha de la economía y los bajos números de desempleo. Según el índice EMBI, de JP Morgan, la prima de riesgo de Colombia se mantiene por encima de la de vecinos como México, Brasil, Perú y Chile. Los inversionistas extranjeros exigen mayores rendimientos ante la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que se refleja en una fuerte desvalorización de los títulos de deuda interna (TES) en los mercados recientes.
Para el año 2026, el panorama se mantiene retador, apunta El Tiempo. Mientras el Ministerio de Hacienda prevé una ligera reducción del déficit, el Carf estima que la deuda neta podría subir hasta el 60,7% del PIB si no se aplican medidas correctivas inmediatas.
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