Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), alrededor de un millón de empresas resultaron afectadas por las acciones violentas cometidas los pasados 22 y 23 de febrero por las células criminales en diferentes puntos del país, como bloqueos de carreteras y vías principales, quema de negocios y varios tiroteos.
De hecho, el organismo calcula que, cada año, el crimen organizado genera pérdidas al sector comercial por 124.000 millones de pesos, es decir, unos 7.200 millones de dólares, tanto en gastos de prevención como en mermas directas a pequeños y medianos negocios solamente.
Otro dato: las pérdidas para la industria del autotransporte —una de las más afectadas por la violencia y las extorsiones— a causa de la inseguridad en carreteras y autopistas ascienden a hasta medio punto del PIB, es decir, unos 9.000 millones de dólares, advierte un estudio elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Además, el INEGI señala que el costo monetario de los delitos para los hogares mexicanos fue de 269.600 millones de pesos en 2024, es decir, unos 15.600 millones de dólares.
"El costo que tienen que asumir las empresas en materia de seguridad es cada vez más alto", afirma en entrevista con Sputnik Leopoldo Rodríguez Aranda, administrador público por El Colegio de México con más de 15 años de experiencia en áreas de seguridad del Gobierno federal mexicano.
Para el excolaborador del Cisen —el viejo aparato de inteligencia del Estado mexicano—, "la extorsión hoy día es el principal negocio de la criminalidad", pero pensar en ello como una consecuencia directa de los grandes cárteles no es una forma correcta de verlo, observa.
Según el analista, lo que existen son "pequeñas células de pandillas que llevan a cabo actividades ilícitas y que, por conveniencia o negocio, trabajan para organizaciones" que, a su vez, funcionan como una marca, un branding, es decir, los cárteles, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder fue abatido por las fuerzas federales mexicanas el pasado 22 de febrero.
De algún modo, dice, para que los grandes flujos de drogas puedan transitar ilegalmente por todo el país rumbo a EEUU, se necesita "control territorial", el cual, apunta el experto, solo puede lograrse a través de grupos armados que lo concreten y que, a su vez, se aprovechan de la situación para cometer delitos que afectan directamente a la población.
El Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM estima que el crimen organizado provoca pérdidas que equivalen hasta el 19% de la riqueza generada por la manufactura y la agroindustria del país.
"Las deficiencias de un Estado de derecho donde impera la corrupción y predomina el crimen organizado se reflejan en la pérdida del 19% de la riqueza interna que genera nuestra sociedad”, señala el LACEN.
De acuerdo con el think tank de la UNAM, las autoridades mexicanas tienen la obligación de "blindar al mercado interno a través de fortalecer la seguridad pública en la producción, distribución y venta final de la producción".
"Es en la actividad primaria donde tiene mayor presencia la delincuencia y, por ende, las extorsiones inciden en los precios al productor, cuyo pago repercute finalmente en la inflación al consumidor final", concluye.
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