La minera Vicuña, controlada en partes iguales por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, anunció una inversión estimada en 18.000 millones de dólares para desarrollar dos proyectos de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, en el oeste argentino. De concretarse, será uno de los desembolsos más fuertes en la historia del sector nacional.
La plana mayor del Gobierno de Javier Milei recibió a los directivos de la compañía y destacó la magnitud del anuncio. El canciller Pablo Quirno aseguró que, gracias a la inversión, "Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo", precisando que se ubicaría en el "top 5 a nivel mundial".
El plan integra los yacimientos cordilleranos de Josemaría y Filo del Sol, este último con parte de su territorio compartido con Chile, y se basa en una Evaluación Económica Preliminar que proyecta un desarrollo por etapas durante las próximas décadas. Según la empresa, el desembolso inicial alcanzará los 7.000 millones de dólares entre 2027 y 2030, período en el que comenzaría la construcción principal y se sentarían las bases para el inicio de la producción hacia el final de la década.
La compañía proyecta una producción anual promedio, durante los primeros 25 años, cercana a 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata, lo que la ubicaría entre las mayores de esos minerales a nivel continental, de concretarse las estimaciones.
El Gobierno vinculó el anuncio con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un capítulo central de la "ley ómnibus" sancionada por el Congreso en 2024 y que ofrece sendos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a proyectos de gran escala para el sector. Vicuña presentó en diciembre su solicitud de adhesión bajo la categoría de proyecto estratégico de exportación.
El anuncio coincide con una agenda parlamentaria signada por el tratamiento del proyecto de reforma de la denominada Ley de Glaciares, norma sancionada en 2010 que prohíbe la explotación en glaciares y zonas periglaciares por su rol estratégico como reservas de agua dulce en regiones áridas de la cordillera. De lograr la modificación, se desregularía otra normativa atentamente seguida por la industria minera.
El desafío estructural
"Un anuncio así pone al país en el mapa del sector. Si esto sale bien, Argentina empieza a sentarse en la mesa donde se deciden las grandes inversiones de la minería", dijo a Sputnik Paulo Farina, economista y exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación. Para el economista, el proyecto podría marcar un punto de inflexión en un país que, pese a su potencial geológico, históricamente quedó rezagado frente a sus vecinos.
Según el experto, lo anunciado constituye "el primer paso real para explotar un potencial que el país tiene hace tiempo". En esa línea, sostuvo que Argentina comparte con Chile los mismos recursos cordilleranos, pero que "de un lado la minería está hiperexplotada y del otro casi intacta", una brecha que —según dijo— "no responde a falta de reservas, sino a decisiones políticas y regulatorias".
El exfuncionario subrayó que el contexto internacional juega a favor: "La transición energética es intensiva en minerales. "Sin cobre y sin litio no hay electrificación posible". Sin embargo, advirtió que el desafío no es solo atraer capital, sino garantizar estabilidad. "La historia argentina marca que en algún sentido somos especialistas en romper contratos. Ese es el riesgo que el inversor pone sobre la mesa", planteó.
El metal más precioso
Desde el empresariado, el anuncio se inscribe en un marco signado por la expectativa respecto al potencial del sector. Consultado por Sputnik, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras, destacó que "los proyectos de cobre que hoy podrían avanzar representan inversiones del orden de los 35.000 millones de dólares".
En términos de impacto macroeconómico, el dirigente subrayó que, si esos desarrollos entraran en operación, "podríamos tener un valor incremental de exportaciones de entre 12.000 y 16.000 millones de dólares por año, que son recursos que hoy no existen en la balanza comercial y podrían modificar una parte considerable del perfil exportador del país".
Ese escenario, sostuvo, está directamente vinculado al debate legislativo en torno a la Ley de Glaciares. "Lo que se pretende es mantener la protección de glaciares y del ambiente periglacial que cumpla una función hídrica relevante", explicó, al rechazar que la iniciativa implique desproteger recursos estratégicos.
Para Cacciola, el problema radica en la incertidumbre normativa más que en el objeto ambiental de la ley. "No hay incompatibilidad entre cuidar el medio ambiente y hacer minería donde se puede", aseguró.
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