Los Acuerdos de San Andrés se firmaron el 16 de febrero de 1996 con el fin de impulsar una reforma constitucional donde se reconociera a México como un Estado pluriétnico y se inscribiera el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación y a la autonomía.
Las demandas de autonomía, justicia, democracia y reconocimiento cultural planteadas por
el zapatismo derivaron en una reforma constitucional que surtió efectos hasta 2021, luego de que el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) incumpliera con lo acordado.
A tres décadas del levantamiento zapatista y la firma de los Acuerdos de San Andrés, Chiapas —en donde nació el movimiento insurgente— sigue siendo
el estado más pobre del país. ¿Cambió en algo la realidad de los cientos de miles de indígenas que durante décadas permanecieron en el olvido institucional?
En una entrevista con Sputnik, la doctora en Derecho y quien participó en la primera convención zapatista, Ruth Zavaleta, consideró que los Acuerdos de San Andrés marcaron una pauta, pues nunca antes los pueblos originarios habían sentado a dialogar al tú por tú con el Gobierno mexicano.
Si bien, derivado de las mesas de diálogo en San Andrés en 2001, se realizó un cambio en donde el artículo 2 de la Constitución determina el derecho a la libre determinación indígena,
no se les reconoce como sujeto de derecho, una base fundamental de lo solicitado por
el EZLN.
Esto, abundó en charla con este medio Pedro Faro Navarro, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), fue una traición por parte del Estado a lo acordado con el movimiento.
Fue hasta el 2024, con las reformas al artículo 2 constitucional, que se reconocieron a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, entre ellos: derecho a la libre determinación y autonomía, reconocimiento de sus sistemas normativos internos, educación indígena, intercultural y plurilingüe.
De acuerdo con Faro Navarro, en las comunidades zapatistas, los Acuerdos de San Andrés no solo están vigentes, sino que además se han ampliado y han trascendido.
Con él coincide el doctor en Ciencia Política y académico de la UNAM, Hugo Sánchez Gudiño, quien abundó que, a pesar de los acuerdos y las reformas, "a nivel país, en la práctica y en el mundo real, no tuvieron ningún impacto".
Sin embargo, destacó: "Fueron las propias comunidades indígenas las que llevaron esos acuerdos a la propia práctica".
Para la también exdiputada federal Ruth Zavaleta, en su momento, los Acuerdos de San Andrés "fueron un gran avance para el zapatismo y para que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas"; sin embargo, sentenció que fue la falta de voluntad gubernamental a lo largo de los años lo que generó que los acuerdos no se cumplieran del todo.
"Que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas como colectivo adentro de la Constitución fue un éxito de ellos (el EZLN), pero hubo una falta de compromiso del Gobierno respecto a cómo objetivizar los derechos porque no hubo una ley reglamentaria, quedaba muy a voluntad de los estados de la República", explicó.
Hoy por hoy, ningún Gobierno ha logrado llevar a la práctica los acuerdos, pues afirmó que no ha habido la voluntad política para diseñar programas que realmente signifiquen un reconocimiento y una mejora para los pueblos originarios.