El Gobierno argentino decidió postergar la actualización de la metodología para medir la inflación, a pesar de haberlo anunciado recientemente y de haberse comprometido incluso ante el Fondo Monetario Internacional. La decisión se tomó a días de la publicación del dato de enero y en un contexto de nueve meses consecutivos de inflación en alza.
La reforma preveía actualizar la canasta y las ponderaciones del índice de precios al consumidor, hoy basadas en los hábitos de consumo registrados en la Encuesta Permanente de Hogares realizada en 2004 y, por tanto, desactualizados. El nuevo esquema otorgaba mayor peso a rubros como vivienda, transporte y servicios, cuyo aumento fue significativa tras los aumentos tarifarios aplicados por el Gobierno desde su llegada al poder.
En el mercado y entre especialistas existía consenso en que el cambio metodológico habría arrojado un índice de inflación más elevado al actual. Ese efecto encendió alertas dentro del Ejecutivo, que busca consolidar una desaceleración nominal de los precios como uno de los principales logros de su programa económico ante organismos internacionales.
El giro en la estrategia derivó en la renuncia del titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Lavagna, a cargo de la elaboración del nuevo índice. La salida se produjo tras desacuerdos con el Ministerio de Economía sobre la oportunidad política de aplicar la actualización y reavivó cuestionamientos sobre la autonomía del organismo.
La decisión también tensó la relación con el FMI, que había recomendado explícitamente modernizar la medición para mejorar la calidad y credibilidad de las estadísticas oficiales. Para el organismo, la actualización del índice forma parte de los compromisos técnicos del programa acordado con Argentina en abril de 2025 y es clave para evaluar la evolución real de la inflación.
Desde el Ejecutivo argumentan que introducir el nuevo índice en este momento podría distorsionar la lectura del proceso de desinflación y generar ruido en las expectativas. La postergación fue presentada como una decisión técnica, aunque coincide con un momento políticamente sensible para la narrativa económica del Gobierno.
Aunque se descarta cualquier tipo de "manipulación" de las estadísticas oficiales, la decisión de postergar la necesaria actualización despertó críticas en la oposición. Las alarmas saltaron en virtud de la historia reciente, que lleva directamente a la intervención del INDEC dispuesta entre 2007 y 2015 —bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner—, período durante el cual las cifras gubernamentales lucían considerablemente más favorables a todas las estimaciones privadas en materia de inflación y pobreza.
¿Desprolijidad o intervención?
"Lo que estamos viendo es una desprolijidad costosa", sostuvo enfáticamente ante Sputnik el economista Francisco Cantamutto. Según el consultor, la decisión de la Casa Rosada de frenar a último momento la actualización del índice de inflación no es un hecho técnico aislado, sino una señal política negativa. "El propio INDEC había avisado hace meses que iba a modificar la metodología y cambiarlo sobre la hora da la señal de que el resultado no estaba dando como le gustaba al Gobierno", advirtió.
El experto sostuvo que la maniobra resulta "contraproducente incluso desde el punto de vista de los intereses del oficialismo". "Es tratar de tapar el sol con las manos", señaló, al recordar que la diferencia entre la metodología vieja y la nueva puede estimarse una vez que se publican los datos. "No es que se pueda ocultar indefinidamente, y encima ocurre justo antes de la llegada de la misión del FMI que será clave para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos", agregó.
En ese sentido, el investigador remarcó que el momento elegido agrava el impacto institucional: "Llega días antes de una auditoría trimestral central para habilitar un nuevo desembolso de divisas. "Es una pésima señal a los mercados: o están convencidos de que nada de esto afecta el respaldo financiero o creen que un mal número de inflación puede comprometer la imagen ante la sociedad".
Cantamutto también puso el foco en la credibilidad de las estadísticas públicas. "Esto no es un hecho aislado. Hace meses renunciaron otros directores del INDEC vinculados a estas mediciones", recordó, y advirtió que "la pérdida de calidad estadística es una pésima señal para cualquier Gobierno, no solo para este. Alcanza con recordar lo sucedido durante la presidencia de Cristina Kirchner".
Respecto al impacto concreto del cambio metodológico, el economista señaló que la discusión no debe centrarse solo en el dato mensual. "La diferencia importante aparece hacia atrás y hacia adelante", explicó. Según sus estimaciones, "la inflación acumulada desde que asumió el Gobierno podría ser entre un 30% y un 40% más alta con la nueva canasta", lo que ayudaría a explicar "por qué el salario no alcanza" y tendría efectos directos sobre paritarias y tarifas futuras.
Por último, subrayó la urgencia técnica de la actualización. "La canasta vigente tiene veinte años de atraso. Todavía pondera la compra de CD o DVD. Es un delirio", concluyó, y agregó que "actualizar la medición es un procedimiento normal en cualquier país. No hacerlo no es neutral: tarde o temprano impacta en la credibilidad y en la economía real".
Las razones de fondo
Para el economista Eduardo Jacobs, la postergación del nuevo índice de inflación responde a una lógica política razonable. "Me parece una decisión acertada. Hubiera sido mucho peor la discusión que se abría si el Gobierno cambiaba el índice ahora, que la que se está dando por haberlo demorado", dijo ante la consulta de Sputnik.
El analista sostuvo que el principal problema no es metodológico, sino de contexto. "Después de lo que pasó en Argentina, la credibilidad de las cifras públicas es baja", explicó. "Cada sector usa el índice que quiere y cualquier cambio se interpreta como manipulación", agregó. En ese marco, consideró prudente esperar a que la inflación "baje hasta converger a la de países con estándares normales" antes de introducir modificaciones.
En relación con el compromiso asumido por el Gobierno, relativizó su alcance. "No fue una promesa cerrada, sino una hoja de ruta", afirmó. Además, destacó que las simulaciones difundidas en los días previos mostraban diferencias menores entre el índice nuevo y el viejo. "No se advierte una brecha sustancial en los últimos meses", señaló, y aclaró que el impacto habría sido mayor en el primer semestre de 2024, cuando los servicios públicos hicieron un fuerte ajuste.
Para Jacobs, la mirada debe enfocarse en otro aspecto. "Lo urgente es bajar la inflación, no cambiar el índice", resumió. "Si ya demoraste quince años en actualizarlo, podés esperar algunos meses más", sostuvo, y remarcó que el riesgo principal es político. "Cualquier discusión que acelere el conflicto político conspira contra la estabilidad", dijo.
Finalmente, Jacobs defendió la necesidad de la actualización, pero insistió en el momento. "Es necesaria, claro que sí, porque mejora la calidad estadística", remarcó, aunque aclaró que "no es urgente. Primero hay que estabilizar la economía y recién después hacer los cambios estructurales. En un país con tantas urgencias, esta es una discusión importante, pero no prioritaria".
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