Los registros de la base de datos de Patrimonio Cultural Robado de la Interpol documentan el hurto de 430 piezas en 158 eventos ocurridos entre 1983 y noviembre de 2025, de las cuales 279 son de naturaleza religiosa, lo que representa 64,8% del total.
La mayoría de estos robos se cometieron en templos religiosos, que concentraron 117 de los eventos reportados, muy por encima de otros espacios como domicilios particulares, museos, depósitos o galerías de arte, lo que refleja la vulnerabilidad de estas obras frente a la delincuencia.
Por entidad federativa, los robos de arte se distribuyen en, al menos, 22 estados del país latinoamericano, con Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo (todos en el centro del país) entre las entidades de mayor número de casos documentados, según los registros internacionales.
Especialistas citados por Milenio señalan que las cifras oficiales representan solo una fracción del fenómeno real, ya que muchos robos no se denuncian, especialmente cuando se trata de piezas resguardadas por particulares o instituciones que evitan la exposición pública.
El predominio del arte religioso en el mercado ilegal se explica, en parte, por la abundancia histórica de estas obras en México, donde durante siglos gran parte de la producción artística estuvo vinculada a la imaginería católica y se encuentra dispersa en templos con escasa seguridad.
Además, a diferencia de las piezas museísticas, muchas obras carecen de vigilancia permanente o sistemas de protección especializada, lo que facilita su sustracción y posterior inserción en redes de comercialización clandestinas, tanto nacionales como internacionales.
Los registros de Interpol muestran que las piezas robadas suelen reaparecer en plataformas digitales, casas de subastas tradicionales y mercados especializados en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Londres, lo que evidencia la existencia de redes globales de tráfico de bienes culturales.
De acuerdo con expertos consultados por el rotativo mexicano, el saqueo de arte sacro no solo representa una pérdida patrimonial, sino que también debilita la memoria histórica y cultural de comunidades enteras, al tratarse de bienes que forman parte de su identidad religiosa y social.
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