En el sondeo, la corrupción se posicionó como la principal preocupación para el 57% de las personas, superando otros problemas históricos como la lentitud de los procesos.
Esta percepción sugiere que la mayoría de la ciudadanía ve la justicia como un sistema desigual, donde el acceso a recursos económicos es determinante para obtener resultados favorables.
La desconfianza también afecta la valoración de las penas y la imagen de las instituciones clave. Solo un 21% de los chilenos considera que las condenas aplicadas son proporcionales a los delitos cometidos y un 75% opina que es sumamente difícil acceder a la justicia sin contar con un alto presupuesto.
En términos institucionales, la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia son vistos como entidades altamente vulnerables a la corrupción, con índices de asociación negativa que superan el 55%.
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