Según datos proporcionados por la Cancillería mexicana en respuesta a una solicitud de información, el número exacto de agentes extranjeros acreditados, así como los detalles de sus operaciones, se mantienen clasificados por un período de cinco años, al considerarse información sensible que podría afectar tanto la seguridad de los agentes como las relaciones diplomáticas del país latinoamericano.
La SRE argumentó que revelar estos datos implicaría exponer recursos humanos vinculados a tareas de seguridad e inteligencia, lo que podría menoscabar la eficacia de los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como dañar la convivencia armónica entre Estados.
No obstante, la Cancillería reconoció que Alemania, Australia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Francia, Israel, Italia, Perú, República Dominicana y Estados Unidos cuentan con elementos de diversas agencias acreditados para operar en México.
En el caso de Estados Unidos, El Universal detalló que existen agentes acreditados de, al menos, 13 dependencias federales, incluyendo instancias de los departamentos de Justicia, del Tesoro y de Seguridad, entre ellas la DEA, el FBI, la ATF, ICE, CBP y el Servicio Secreto.
De acuerdo con la internacionalista Pía Taracena, docente e investigadora de la Universidad Iberoamericana, la mayoría de los agentes acreditados son funcionarios que recaban información oficial para su análisis y posterior uso en la toma de decisiones gubernamentales o empresariales en sus países de origen, sin que ello implique necesariamente actividades de espionaje.
La Ley de Seguridad Nacional establece que los agentes extranjeros deben ser registrados ante la SRE y contar con la aprobación conjunta de las autoridades de seguridad mexicanas, bajo el principio de reciprocidad bilateral, lo que permite a México acceder a la información recabada en su territorio.
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