La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva, dependiente de la Agencia de Recaudación y Fiscalización de Derechos Aduaneros. Este organismo exige el pago de más de 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares) correspondientes a los últimos dos años.
La pesquisa examina presuntos esquemas de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, vinculadas a retenciones del impuesto sobre el valor agregado (IVA), impuesto a las ganancias y aportes jubilatorios, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La ley argentina prevé penas de prisión de dos a seis años para los agentes que retengan fondos, si no los depositan dentro de los plazos legales.
Esta causa es una de las tres abiertas en los últimos días contra Tapia. Las otras investigaciones se refieren a presuntas irregularidades financieras relacionadas con la firma Sur Finanzas y la compra de inmuebles de lujo en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Esto sucede mientras las tensiones entre las autoridades y la Asociación del Fútbol Argentino, las cuales se intensificaron cuando el Gobierno impulsó el modelo de sociedades anónimas deportivas, que cotizan en bolsa, una iniciativa rechazada por la dirigencia del fútbol argentino y la mayoría de los clubes.