El Gobierno de Javier Milei enfrenta su mayor derrota legislativa desde que asumió hace 18 meses. Por primera vez desde la asunción del presidente, la oposición logró articular una estrategia conjunta y efectiva para ponerle un freno institucional al ajuste fiscal, corazón del programa económico.
Con el impulso de los gobernadores y el respaldo de bloques legislativos diversos, el Senado aprobó un paquete de leyes que amplía el gasto público, socavando los pilares de la "motosierra" promovida por el oficialismo.
La Cámara Alta dio luz verde a diversas iniciativas, entre las que destacan cuatro: un aumento del 7,2 % para las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, la declaración de emergencia en el área de la discapacidad con mejoras en pensiones y dos proyectos impulsados por los mandatarios provinciales para modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional y coparticipar el impuesto a los combustibles.
La sesión, convocada por la propia Cámara ante la inacción oficialista, contó con el apoyo de 42 senadores, superando incluso los dos tercios necesarios para sortear un eventual veto presidencial. La estrategia fue diseñada por los gobernadores, incluidos algunos que habían acompañado iniciativas del Ejecutivo en el pasado. Hasta ahora, el Gobierno había logrado beneficiarse de las divisiones opositoras. Esta vez, la ofensiva para desarticular el plan de ajuste fue coordinada desde la cúspide de la jefatura política de los legisladores.
El presidente Javier Milei reaccionó con dureza. Durante un acto en la Bolsa de Comercio, denunció un "intento de golpe institucional", anticipó que vetará las leyes y prometió judicializarlas en caso de que el Congreso insista con echar por tierra el freno del Ejecutivo.
"Vamos a vetar y, si el veto se cae, lo vamos a judicializar. La política del superávit fiscal es permanente", dijo.
Las tensiones escalaron en el frente interno del oficialismo. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, enfrentada con la Casa Rosada desde hace meses, quedó en el centro del fuego cruzado. En el mismo discurso, Milei calificó de "traidora" a su vice por no impedir la sesión. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también la acusó de ser "cómplice del kirchnerismo".
El Gobierno quedó ahora ante una disyuntiva política: insistir con el veto y asumir el costo institucional, o ceder ante la presión de un Congreso que, por primera vez, mostró capacidad para articular mayorías amplias.
En cualquier escenario, la aprobación de estas leyes marca un punto de inflexión en el vínculo entre el Ejecutivo y el Parlamento, y deja a Milei obligado a recalcular sus estrategias de gobernabilidad de cara a las elecciones legislativas de octubre.
Límites parlamentarios
"Este es un golpe para el Gobierno, que empieza a ver los límites de la gobernabilidad que construyó hasta ahora", dijo a Sputnik el analista político argentino Fernando Riva. Según el experto, el bloque oficialista ampliado que intentó sostener el Gobierno "está en crisis" dado que "ya no hay tanto margen de negociación con los gobernadores, que son quienes terminan decidiendo gran parte de la vida parlamentaria".
La escena política muestra ahora un Ejecutivo más aislado y un Parlamento más activo, con los gobernadores como actores centrales.
En la misma línea se expresó el director de la consultora Doserre, Máximo Reina, quien sostuvo que, más allá de que la oposición buscará "exacerbar esta derrota del Gobierno", definitivamente el episodio marca "un cambio en la tendencia política que había hasta ahora".
A diferencia de lo que ocurrió en votaciones anteriores, la sesión en el Senado dejó en evidencia que Milei "lejos de ampliar sus alianzas, pareciera ser un presidente que no hace más que cerrarse sobre sí mismo", remarcó el investigador.
De cara al tratamiento de los vetos, Reina anticipa un escenario complejo para el oficialismo: "Dudo que Milei pueda juntar el tercio de votos que necesita para blindar el veto. Si no consigue sostenerlo, va a ser una derrota no solo mayor, sino directamente inédita".
No obstante, consideró que el Gobierno aún tiene margen de maniobra: "Tiene tiempo para corregir los errores y construir nuevamente una minoría más fuerte para resistir los vetos, que parecen fundamentales para su programa económico".
Riva moderó el grado de irreversibilidad del caso. "Más que un quiebre definitivo, es una señal de atención: los gobernadores no son absolutamente obsecuentes, más allá de que a Milei le vaya muy bien en sus provincias e intenten acercarse a él", destacó.
Del Congreso al tribunal
La incógnita que se abre tras el anuncio del presidente Javier Milei de vetar las leyes aprobadas por el Senado es si, en caso de que el Congreso insista con mayoría agravada y convierta las normas en ley, el Gobierno podrá efectivamente recurrir a la Justicia para intentar bloquear su aplicación.
Aunque la judicialización fue anticipada por el propio Milei como una carta posible, los especialistas dudan de su viabilidad jurídica.
"No veo que la vía judicial lleve a ningún resultado", advirtió en diálogo con Sputnik el abogado constitucionalista Félix Lonigro, al señalar que el reglamento interno del Senado —cuya supuesta violación es la base del reclamo oficialista— no suele ser materia revisable por el Poder Judicial.
"Judicializar supondría frenar la ley con mecanismos inusuales. La incógnita es cuál argumento puede esgrimir. No parece que haya fundamentos sólidos", sostuvo.
El letrado explicó que, incluso si el Gobierno argumenta que se cometieron irregularidades en la convocatoria o el tratamiento de los proyectos, "es probable que fracase: el reglamento del Senado es competencia de la misma Cámara, no de la Justicia".
Además, si el presidente avanza primero con el veto, su propia decisión podría dejar sin sustento un posterior reclamo judicial. "Si veta la ley, está convalidando aquel vicio que luego pretenda impugnar", subrayó.
Para Lonigro, también hay un riesgo institucional: "La Constitución contempla el recurso del veto, pero en circunstancias excepcionales. La recurrencia a esta herramienta termina desgastando la legitimidad de su firma". En ese sentido, indicó que el Gobierno debería evitar convertir al veto en una herramienta sistemática frente a cada contratiempo legislativo.
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