La firma de un acuerdo entre la petrolera estatal argentina YPF y la italiana ENI es considerada por el Gobierno de Javier Milei como el primer paso para concretar el plan Argentina LNG, un ambicioso plan con el que el país sudamericano busca ubicarse entre los exportadores de gas licuado "más relevantes del mercado global".
Apalancadas por la sintonía de Milei y la primera ministra italiana, Georgia Meloni, las dos empresas energéticas firmaron el 6 de junio un acuerdo que implicaría la inversión italiana para producir, licuar y transportar gas natural extraído de Vaca Muerta mediante barcazas flotantes ubicadas en la provincia de Río Negro (sur).
El Gobierno argentino prevé que, de concretarse la inversión italiana, podría exportar hasta 30 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) por año y así convertir a Argentina, según las proyecciones del propio Gobierno, en "el quinto exportador mundial" de este elemento, con ingresos de 15.000 millones de dólares anuales durante 20 años y comenzando en 2031.
En diálogo con Sputnik, el experto argentino en temas energéticos Eduardo Gigante aclaró que el acuerdo firmado "no representa aún un compromiso de inversión" aunque se trata de "un gesto político útil para mostrar alineamiento con el interés europeo por diversificar proveedores tras [el conflicto] en Ucrania".
Para Gigante, la firma del acuerdo todavía está lejos de ser un "hito" para el proyecto Argentina LNG, debido a las necesidades de inversión en infraestructura que requeriría para pensar en aumentar la capacidad de exportación en función de los objetivos trazados por YPF.
"30 millones de toneladas de exportación implicaría una capacidad similar a la de Catar en sus inicios o al 8% del mercado global actual. Es un objetivo elevado y que enfrenta desafíos estructurales que tiene Argentina. Requeriría una inversión cercana a los 40.000 millones de dólares en infraestructura portuaria, nuevos gasoductos desde Vaca Muerta al Atlántico y, por supuesto, equipos de licuefacción que, en este caso, serían a través del alquiler de buques para dicho propósito", advirtió el especialista.
Gigante reconoció que, si bien Argentina "tiene reservas y recursos en Vaca Muerta" para ser un país "relevante" en el mercado internacional del GNL, requiere "primero resolver cuellos de botella en transporte interno, ambiente regulatorio y riesgo país" para poder concretar su aspiración.
Por todo eso, consideró que "a 2035, exportar 30 millones de toneladas de GNL al año es más una aspiración estratégica que un escenario probable".
De hecho, el experto alertó que si bien Europa "podría ser sin dudas el destino clave" para las exportaciones de gas, especialmente en el invierno, es posible que para 2030 "ya haya sobreoferta de GNL y que la demanda sea cubierta por Catar, EEUU y Noruega, que ya tienen contratos firmes y terminales disponibles".
Un arma de doble filo
Para Gigante, la apuesta del Gobierno de Milei por orientar la producción de gas natural hacia la exportación implica el riesgo de afectar el abastecimiento interno, si es que el país no establece "una política energética de equilibrio, con una priorización del consumo interno".
"Sin mecanismos de reservas para el mercado doméstico, puede existir desvío de gas a la exportación en momentos críticos. El IEEFA (Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero) alerta que una estrategia orientada exclusivamente a exportar puede replicar errores del pasado, como el colapso del autoabastecimiento entre 2004 y 2010", señaló.
La política de Milei de paralizar la obra pública también conspira en ese sentido, ya que la fase 2 de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner apuntaba a asegurar el abastecimiento, pero, recordó Gigante, "su construcción está detenida y dependerá del financiamiento externo y de licitaciones que aún no avanzaron en 2025".
Además, el experto apuntó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), otro de los buques insignia de la política productiva de Milei, también podría favorecer "un desbalance entre exportaciones y mercado interno", ya que favorece a los inversores internacionales y conforma "un régimen paralelo de rentabilidad garantizada" sin asegurar el cumplimiento de "compromisos de desarrollo local o industrialización aguas abajo".
Al mismo tiempo, el régimen "limita la capacidad del Estado de capturar renta gasífera vía retenciones o impuestos progresivos", añadió.
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