La medida, que fue emitida por el Departamento de Estado, indica que los sancionados "representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos".
Durante la semana pasada, el diario estadounidense New York Times adelantó que EEUU alistaba esta acción contra grupos del narcotráfico originarios de Colombia, México, El Salvador y Venezuela.
El 20 de enero, Trump emitió una declaratoria para nombrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Ante ello, Sheinbaum ha insistido en que esa no era la solución para dicho problema.
Incluso, el 14 de febrero, la presidenta señaló que, en caso de que se tomaran medidas contra los grupos que se dedican al tráfico y venta de estupefacientes, su Administración ampliaría la demanda que sostiene contra los fabricantes de armas en EEUU.
"México tiene una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas en EEUU. Si llegaran a decretar a los grupos de la delincuencia organizada como terroristas, tendríamos que ampliar la demanda, porque [ese país] ya reconoció que el 74% del armamento de las células delictivas vienen de EEUU. ¿Cómo quedan las armadoras y distribuidoras frente al decreto?", aseveró en conferencia de prensa.
Sobre este tema, el Gobierno mexicano tiene dos demandas en contra de fabricantes y vendedores de armas, a los que señala de participar en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México.
Estas forman parte de una estrategia multifacética de la Administración mexicana para detener la avalancha de armas procedentes de EEUU, particularmente de asalto, que empoderan a grupos delictivos.
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