Según publica el medio, la jueza Aileen M. Canno escribió en una orden que no se debe permitir a los fiscales federales compartir la sección del informe de dos volúmenes con nadie fuera del Departamento de Justicia, incluidos los miembros del Congreso, dado el riesgo de que la información pueda filtrarse.
"Dado el gran interés público en este proceso penal y la ausencia de límites aplicables a la divulgación propuesta, ciertamente existe una probabilidad razonable de que la revisión por parte de los miembros del Congreso, tal como se propone, dé lugar a la difusión pública de la totalidad o parte (del informe)", escribió la jueza en la orden.
La sección en cuestión pertenece al informe del exasesor especial Jack Smith, que detalla su larga investigación sobre el caso y que fue revelada en junio de 2023. En ella se presentaba 37 cargos contra el ahora presidente Trump por su supuesto mal manejo de documentos clasificados tras terminar su primer mandato.
Los cargos tienen su origen en los cientos de documentos que Trump guardó en su casa de Florida después de dejar la presidencia, en 2021, los cuales incluyen información sobre las capacidades armamentísticas de Estados Unidos y sus aliados. Algunos de ellos fueron hallados en cajas apiladas en un baño de la residencia personal de Trump en Mar-a-Lago, Florida.
El New York Times destaca que antes de que el Trump asumiera la presidencia y el control del Departamento de Justicia, Merrick B. Garland, entonces fiscal general, había propuesto mostrar la sección de documentos clasificados del informe a los cuatro principales líderes de los Comités Judicial de la Cámara de Representantes y del Senado.
El diario neoyorquino agrega que los abogados de Trump han luchado vehementemente contra la divulgación del informe a cualquier persona fuera del Departamento de Justicia bajo el argumento de que contiene información "falsa y despectiva" que los adversarios del Congreso de Trump podrían usar para socavar "su capacidad para gobernar nuestra nación en el futuro".
Finalmente, la jueza Cannon confirmó en su orden que el volumen de documentos contenía información nueva y potencialmente perjudicial, que "no se había hecho pública en los expedientes judiciales".
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