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Ecuador declara nuevo estado de excepción por violencia criminal

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el primer estado de excepción del año 2025 en algunas zonas del país sudamericano ante el incremento en los índices de violencia.
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A través del Decreto Ejecutivo 493, Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias y tres cantones de Ecuador, tras suscribir el Decreto Ejecutivo 493, que firmó en Guayaquil el 2 de enero de 2025 y que puede observarse en la página web del Gobierno ecuatoriano.

"Esta declaratoria se fundamenta en la situación fáctica descrita en la parte considerativa del presente decreto ejecutivo, que resalta el incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados", se puede leer en el documento.

Según el decreto, la medida se aplicará en Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, en la Costa; Orellana y Sucumbíos, en la Amazonía; así como en el Distrito Metropolitano de Quito, en Pichincha; en La Troncal, en Cañar y en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, en la Sierra.
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El documento también explica que esta medida tendrá una duración de 60 días y que ese plazo “se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo adecuado para mitigar los hechos fácticos planteados, y coadyuvar el accionar de las Fuerzas Armadas para mantener la soberanía y la integridad del Estado, y la Policía Nacional en seguridad ciudadana, protección interna y orden público, encaminados a la seguridad integral del Estado”, agrega el decreto.
El estado de excepción también incluye la implementación de un toque de queda que se aplicará todos los días, desde las 22:00 y hasta las 05:00 horas, en cantones y parroquias de seis provincias.
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"Las personas que circulen durante el horario temporal de restricción, serán puestas a órdenes de las autoridades competentes", advierte el decreto.
La decisión gubernamental también suprime derecho a la inviolabilidad de domicilio, con lo que se podrían realizar inspecciones, allanamientos y requisas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ubicar y registrar los lugares donde se ocultan personas pertenecientes a los grupos armados organizados.
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