La "motosierra" implementada por Javier Milei no frena. El presidente, que juró "destruir el Estado desde adentro", puso en práctica una de sus promesas de campaña: que los empleados públicos rindan un examen de idoneidad para continuar en sus puestos.
La medida afectará a unos 40.000 trabajadores cuyos contratos temporarios finalizan en 2024. Para lograr la renovación, deberán pasar una evaluación diseñada por el Ejecutivo, que pondrá a revisión la planta de personal de toda la administración pública nacional para determinar si avanzará en nuevos despidos. El Gobierno precisó que si bien la aprobación es obligatoria, no garantiza la recontratación, supeditada a la decisión del responsable de cada área.
29 de noviembre 2024, 23:01 GMT
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado adelantó que cada empleado tendrá tres oportunidades para aprobar el examen, cuya complejidad variará según el tipo de trabajo en cuestión (profesional o administrativo), con el objetivo de nivelar las capacidades de la plantilla pública.
El anuncio se inscribe en medio de un drástico ajuste ejecutado sobre el empleo público. Desde la llegada al poder de Milei, en diciembre de 2023, 37.600 trabajadores estatales fueron despedidos. Esto representó un recorte del 11% en la dotación de personal de la administración pública nacional, según consignó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Durante el primer año de gestión libertaria, el empleo público cayó sistemáticamente todos los meses.
La batalla cultural
"Esto es innecesario: todos los trabajadores son evaluados anualmente por sus jefes con base en capacidad y desempeño, tal como prevé la ley del empleo público. Los exámenes que anunció el Gobierno son más una puesta en escena que una medida útil", dijo a Sputnik Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma).
Según el investigador, no responde a una necesidad concreta de evaluación de los trabajadores estatales como a la "batalla cultural a la que se ha comprometido el presidente, quien hizo público su profundo desprecio hacia los trabajadores estatales".
"Creer que la capacidad de los empleados para un examen de matemática no tiene sentido. Esto busca legitimar un mayor recorte de la planta de trabajadores: no es más que un intento de estigmatización. Es básicamente una pantomima para seguir destruyendo al Estado, tal como reconoció el propio Milei", afirmó Campos.
"El objetivo que el presidente hizo público es destruir al Estado: no importa si los trabajadores desarrollan tecnología nuclear, si están trabajando en una vacuna, en mantener una ruta o en planificar una currícula escolar, porque todos forman parte del enemigo a combatir", remarcó.
En caída libre
Si bien la medida anunciada tiene un fuerte carácter simbólico, responde a una lógica con efectos por demás tangibles. Según cifras oficiales del INDEC, mientras que la inflación acumulada entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2024 fue del 209%, los salarios de los empleados públicos apenas subieron 149,7%. Es decir: el poder adquisitivo de los trabajadores estatales acumula un retraso de casi 60 puntos respecto a la inflación.
"Los sueldos públicos perdieron 16% de poder adquisitivo desde que asumió Milei. Este es definitivamente el sector más afectado por el ajuste fiscal. Por lejos, se trata de los ingresos más licuados por la devaluación impulsada por Milei cuando asumió y por la inercia inflacionaria suscitada después", afirmó Campos.
"Esta es la otra cara del ajuste: no es solamente eliminar puestos de trabajo público, sino empeorar las condiciones de aquellos que continúan empleados por el Estado", apuntó el experto.
Consultado acerca de la distribución del ajuste presupuestario y el recorte de empleados, Campos precisó que "el ajuste en el sector público nacional es relativo: una gran parte de la planta estatal está comprendida en las fuerzas de seguridad, que no fueron afectadas. Básicamente, se ataca a los trabajadores administrativos para continuar reforzando la retórica de que son parte del problema".
"No hay que reducir el Estado a la administración central. El Estado nacional representa apenas el 25% del empleo público total: la mayoría de los trabajadores responden a los Gobiernos provinciales, que también afrontan serios problemas por el freno en los giros de fondos por parte de la nación", precisó Campos.
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