Mediante un decreto, el Gobierno afirmó que la presidenta Dina Boluarte puede hacer esta declaración en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de "graves circunstancias" que afecten al país latinoamericano. Agregó que con esta medida se puede restringir el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad.

26 de noviembre 2024, 23:28 GMT
La declaratoria de noviembre afecta a los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador de la provincia de Lima, así como al distrito de Ventanilla de la provincia del Callao.
Medios locales detallaron que el Poder Ejecutivo de Perú estableció esta medida el pasado 27 de septiembre por 60 días, ante los constantes ataques contra empresas transportistas cometidos por bandas de extorsionadores en diferentes distritos. Los incidentes de violencia también incluyen asesinatos, extorsiones y atentados.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, citado por diarios peruanos, señaló durante la primera declaratoria que el estado de emergencia es una respuesta del Estado peruano y no del Gobierno de Boluarte. Por lo que llamó a las instituciones públicas, a los Poderes y la sociedad civil a "apostar por la unidad para combatir este flagelo".
Los medios recordaron que no es la primera vez que el Gobierno de Dina Boluarte decreta el estado de emergencia en zonas de la capital de Perú y otras regiones. Entre 2022 y 2023 esta medida fue tomada en tres distritos, debido al "descontrol de las organizaciones criminales", según señalaron los diarios locales.
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