"Miércoles 20 de noviembre del corriente, a las 10.00 horas (13.00 GMT), a Alberto Fernández", señala la resolución del juez federal Julián Ercolini a la que tuvo acceso Sputnik.
El magistrado y el fiscal federal Ramiro González, a cargo de la pesquisa, investigan si el exmandatario peronista benefició a intermediarios a partir de un decreto que obligaba a las instituciones públicas a contratar una empresa aseguradora asociada al Banco público Nación, llamado Nación Seguros.
Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles a raíz de un decreto que firmó el 2 de diciembre de 2021.
El juez y el fiscal analizan "la posible existencia de una organización delictiva" a partir de esa normativa que podría haber vedado "la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia" en torno a las contrataciones de seguros.
En concreto, están bajo la mira 45 contratos que el Estado suscribió con Nación Seguros y en los que intervinieron 25 intermediarios, ante la sospecha de que fueron direccionados.
Además del exmandatario fueron conminadas a declarar otras 38 personas, entre ellos la exsecretaria presidencial María Cantero y su esposo, Héctor Martínez Sosa, un corredor de seguros y acreedor de Fernández en una de sus declaraciones juradas que se quedó con el 42% de los contratos.
Este matrimonio, que también está imputado en el expediente, fue citado para el 21 de noviembre, un día después que el mandatario.
El caso empezó a partir de una auditoría interna que realizó el Gobierno del actual presidente, Javier Milei, en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Fernández también está imputado en una segunda causa por violencia de género, acusado de los delitos de "lesiones graves" y "abuso de poder y autoridad" en perjuicio de su expareja y exprimera dama Fabiola Yañez.
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