"Quito sigue los pasos de Guayaquil": ¿la crisis de seguridad en Ecuador llegó a la capital?

Si bien la crisis de seguridad que a comienzos de 2024 obligó a Ecuador a declarar el "estado de excepción" parecía estar focalizada en la ciudad de Guayaquil, se ha ido extendiendo hacia otras regiones del país, obligando al Gobierno ecuatoriano a ampliar la medida incluso hacia la capital, Quito.

A través de un decreto firmado el 3 de octubre, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, volvió a declarar el "estado de excepción" por un plazo de 60 días para las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, un cantón de la provincia de Azuay y en el Distrito Metropolitano de Quito.

Con una población de más de 2,6 millones de habitantes, el Distrito Metropolitano de Quito abarca tanto a la capital ecuatoriana como a las ciudades cercanas, que forman la segunda conurbación más importante del país detrás de Guayaquil. Si bien Quito ya había sido incluida en los primeros estados de excepción que abarcaban a todo el país, es la primera vez que la capital es incluida en la lista de provincias para una medida "focalizada".

La analista explicó que en las últimas semanas aumentaron en Quito tanto los secuestros y las "vacunaciones", como se denominan a las extorsiones a comerciantes a cambio de protección. Además, señaló Minga, "ya no se puede ocultar" el ascenso de los sicariatos en el sur de la capital.

Minga explicó que en Quito operan las mismas organizaciones que se hicieron conocidas por sus crímenes en Guayaquil, como Los Choneros o Los Lobos, pero que se han diversificado y comenzado a operar en varios puntos del territorio ecuatoriano. En ese proceso de diversificación, las organizaciones han sumado actividades como el sicariato pero también el préstamo de dinero ilegal.

En ese sentido, la experta indicó que muchas de estas organizaciones prestan dinero a personas que ya no pueden recurrir a los bancos y asesinan a sus clientes en caso de no poder pagar o no hacerlo a tiempo. Dentro de este procedimiento, los prestamistas también ofrecen a los deudores "cierta cantidad de drogas para que vendan y si no la venden o se quedan con una parte los asesinan".

Así las cosas, comenzaron a crecer en la capital ecuatoriana las disputas entre bandas para ver "quien manda", precisó Minga. Curiosamente, los enfrentamientos parecen haberse concentrado en peluquerías del barrio La Roldós, en el norte de Quito, donde en lo que va del año ya se registraron al menos tres masacres.

En el más reciente, ocurrido el 20 de septiembre, cinco personas fueron asesinadas luego de que hombres armados irrumpieran en el comercio y abrieran fuego. De acuerdo al medio Primicias, entre las víctimas estaban dos hombres conocidos como Pescado y Chacal, dos delincuentes que serían responsables del asesinato de un integrante de una banda rival.

En declaraciones recogidas en julio por el diario Expreso, el subcomandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Germán León, había afirmado que las peluquerías se habían convertido en un "punto focal de la actividad criminal" en algunos barrios de la ciudad, particularmente para la venta de drogas y la extorsión.

Según Primicias, Quito contó 22 "muertes violentas" —contando homicidios, sicariatos y femicidios— únicamente entre el 1 y el 27 de septiembre, lo que significa un incremento del 38% con respecto al mismo período de 2023.

El decreto firmado por el presidente Noboa para restaurar el estado de excepción establece que durante la vigencia de la medida se aplica "la suspensión al derecho de inviolabilidad de domicilio y el de correspondencia; así como el derecho a la libertad de reunión". En esa línea, el decreto establece la "la restricción de la libertad de tránsito", es decir, un toque de queda, en varios de los distritos alcanzados por la medida. Sin embargo, esto no rige para Quito.

Para Minga, es probable que el Gobierno de Noboa haya decidido no implementar de manera estricta el toque de queda en la capital "para no arruinar al comercio" en una ciudad que atraviesa una difícil situación económica.

La experta consideró que policías y militares están permitiendo la realización de algunas reuniones que podrían involucrar a miembros de bandas mientras se realicen dentro de viviendas. Sin embargo, "no saben si adentro de esas viviendas se está secuestrando, violando o torturando", apuntó.

Minga consideró esta situación como una demostración de que "el Estado no está viviendo realmente un estado de guerra" y, por el momento, "los únicos que entendieron que existe un estado de guerra interno son los grupos criminales organizados".

En ese sentido, la analista puso como ejemplo que en algunos barrios del norte de Quito pueden encontrarse hasta "escuelas de sicariato" en las que a los jóvenes que se incorporan a las bandas "se les enseña cómo disparar y cómo manejarse en las calles".

La Policía y las Fuerzas Armadas "ya no entran" a algunos de estos lugares, apuntó Minga, señalando que muchos de los efectivos "tienen miedo de morir en la calle" o directamente las bandas pusieron precio por sus cabezas.