El Gobierno de Javier Milei cerró la peor semana legislativa desde que asumió. Por primera vez desde el retorno de la democracia (1983) el Congreso anuló un decreto presidencial, en este caso destinado a incrementar los fondos para gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En la misma sesión, los senadores sancionaron un aumento del presupuesto universitario, que el mandatario adelantó que vetará.
El decreto ya había sido rechazo en la Cámara de Diputados, pero aún faltaba el pronunciamiento del Senado. En la Cámara Alta, la oposición "dialoguista" —que había respaldado iniciativas centrales del Ejecutivo, tales como la Ley Ómnibus— se unió al peronismo para reunir 49 votos contra la medida, que superaron ampliamente a las 11 voluntades reunidas por el oficialismo (hubo dos abstenciones).
13 de septiembre, 17:23 GMT
En un comunicado, la Oficina del Presidente señaló que el Senado "le falló al pueblo argentino", y que "los intereses personales atentaron contra la posibilidad de tener un organismo de inteligencia que tenga la capacidad y los recursos para cuidar a los argentinos".
Específicamente, la razón por la cual el decreto despertó tamaña resistencia responde a un factor crucial. Los fondos dispuestos estaban destinados particularmente a gastos reservados, es decir, a aquellos que no rinden cuentas, por lo que históricamente estuvieron sospechados de tener como finalidad maniobras espurias, tales como el espionaje ilegal a adversarios políticos.
Históricamente, los presidentes argentinos hicieron uso habitual de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para esquivar al Congreso, pese a que luego debiera validarlos. Alberto Fernández (2019-2023) firmó 177; Mauricio Macri (2015-2019), 71; Cristina Kirchner (2007-2015), 78; Néstor Kirchner (2003-2007), 236; Carlos Menem (1989-1999), 196. Hasta ahora, ninguna de dichas resoluciones había sido derogada por el Parlamento.
Sin embargo, la jornada aún depararía otro gran revés para el Ejecutivo. En la misma sesión, la oposición reunió una sustancial mayoría de legisladores para sancionar la ley de aumento de presupuesto universitario —una de las partidas que más sufrió por el ajuste fiscal del Gobierno—, que ya había sido aprobada en Diputados. En la Cámara Alta, los impulsores de la medida cosecharon 57 votos contra apenas 11 del oficialismo.
12 de septiembre, 22:40 GMT
Inmediatamente, el presidente Milei adelantó que echaría por tierra el incremento de los fondos para la educación, haciendo gala de un recurso previsto en la Constitución Nacional: "VETO TOTAL", prometió el mandatario en sus redes sociales.
Pese a su excepcionalidad, el veto es un recurso ya estrenado por La Libertad Avanza. La primera —y hasta ahora única— vez en la que el Gobierno apeló al recurso fue para frenar un aumento del 8% —equivalente a 15 dólares mensuales— en las jubilaciones. Los haberes previsionales habían sido uno de los focos centrales del ajuste.
La singularidad del recurso extraordinario quedó reflejada en el esfuerzo que debió hacer el Ejecutivo para que dicho veto no fuera derogado por el Parlamento. Si bien en Diputados la oposición reunió 153 votos contra 87 para anular la medida, no alcanzó los dos tercios necesarios para echarla por tierra.
Golpe de efecto
"La anulación del decreto de necesidad y urgencia es un fuerte revés para el Gobierno. Yo creo que es importante, sobre todo por lo inédito de la derogación", dijo a Sputnik el analista político Pablo Romá. "El Congreso está dispuesto a darle herramientas a Milei para que gobierne, pero creo que el límite fue claro: los fondos reservados son una barrera que no aceptaron cruzar", precisó el experto.
"Está claro que los servicios de inteligencia suelen incurrir en prácticas espurias con sus recursos, tales como operaciones ilegales. Creo que la oposición dio un claro mensaje al respecto", remarcó el politólogo.
El diagnóstico no es unánime. En diálogo con Sputnik, Pablo Cano —analista político y consultor— consideró que "este es un hecho muy puntual que tiene un impacto moderado. Quizás sí asiente que un sentido común respecto a cómo el Gobierno procede en relación con el Congreso".
"Esto refleja la impericia de Milei para aprovechar un contexto relativamente favorable parlamentariamente, dado que hace poco había logrado que el Congreso sancionara la Ley Ómnibus", apuntó.
Consultado acerca de si el rechazo al decreto constituye un punto de quiebre en la relación del Ejecutivo con la legislatura, Cano señaló que "todavía hay legisladores dispuestos a votar a favor de las principales iniciativas del Gobierno. De haber ocurrido un punto de quiebre, no se habría aceptado el veto al aumento de las jubilaciones".
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