Si bien la
situación financiera de la petrolera estatal peruana Petroperú ya era preocupante desde hace meses, termina de agudizarse sobre los últimos días de agosto, cuando sus autoridades enviaron un "ultimátum" al Gobierno de Dina Boluarte reclamando adoptar acciones "con urgencia" dado que "en las condiciones actuales la
gestión de Petroperú se hace insostenible".
A través de un
comunicado fechado el 27 de agosto, los directores de la compañía advirtieron que el Gobierno peruano debería comenzar a valorar, como una de las posibles salidas al problema,
"aceptar su quiebra" y afrontar las obligaciones financieras y legales que correspondieran.
Como otras posibles salidas, las autoridades también consignan la posibilidad de una nueva capitalización con recursos estatales o una reestructuración que asegure "la atracción de capitales privados" a la compañía.
La declaración
puso en aprietos al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cuyo primer ministro, Gustavo Adrianzén, intentó restar importancia a la posibilidad de que el directorio actual de la compañía presente su renuncia en caso de
no haber una respuesta del Ejecutivo antes del 4 de septiembre. De acuerdo al
medio peruano
Gestión, la petrolera estatal debería mantener en esa fecha un encuentro con sus bonistas.
En diálogo con Sputnik, el economista Víctor Fuentes consideró que el comunicado de Petroperú debe entenderse como "una llamada de atención consistente con los resultados negativos que se han visto".
En efecto, la petrolera estatal cerró el año 2023 con pérdidas de 830 millones de dólares y proyectaba culminar el 2024 con pérdidas mayores a otros 700 millones de dólares. Según los estados financieros de la compañía, la deuda acumulada de la petrolera asciende a unos 8.500 millones de dólares.
En noviembre de 2023, desde la empresa habían indicado a Sputnik que los resultados financieros negativos tenían que ver con el "flujo de caja" de la compañía y no las ganancias netas que la firma muestra en su estado de resultados, ya que la firma no ha dejado de hacer aportes a las arcas estatales peruanos por conceptos de utilidades, impuestos y contribuciones.
Para Fuentes, en la situación actual de Petroperú "no hay una salida buena", por lo que el Gobierno peruano deberá definirse entre "alternativas malas y peores". En ese sentido, consideró que la peor alternativa sería "apagar la luz" de la petrolera y cesar su funcionamiento, ya que obligaría al Estado peruano —poseedor del 100% de las acciones— a hacer frente a los compromisos financieros de la petrolera, tanto en Perú como en el exterior, con fondos provenientes del Tesoro peruano. "Esta opción terminaría costando más dinero al Estado", valoró.
El economista también advirtió que volver a capitalizar la empresa con fondos públicos, pero "sin ningún cambio" en la gestión tampoco sería una salida positiva. "Ya vamos en la quinta o sexta inyección de capital y con aproximadamente más de 10.000 millones de dólares. No parece que vaya a ser diferente si seguimos haciendo lo mismo", apuntó.
Pero el experto tampoco se mostró demasiado optimista en relación con la tercera alternativa: una reestructuración de la firma que permita la asociación de empresas privadas. Si bien es la salida defendida por las actuales autoridades de Petroperú, esa posibilidad es rechazada abiertamente por los trabajadores de la compañía y por el propio Gobierno de Dina Boluarte, tal como remarcó en mayo el vocero presidencial, Fredy Hinojosa.
Fuentes sostuvo que una reestructura de la petrolera debería contar con un importante apoyo del Congreso peruano, de forma de asegurar que "la decisión que se tome se mantenga en el tiempo y no haya idas y vueltas que terminen perjudicando más a la empresa".
De todas maneras, el economista admitió que "es complicado" pensar en que puedan acercarse capitales privados a una petrolera con grandes pérdidas, por lo que en caso de concretarse no sería una solución a corto plazo.