"Quiere al Presidente de la República fuera del poder, para que ella asuma ese cargo. Si quedaba alguna duda de sus intenciones, hoy al fin se le cayó la máscara", apuntó el gobernante en una carta a la ciudadanía ecuatoriana difundida a través de su usuario en la red social X.
Según Noboa, Abad, designada por él como embajadora por la paz en Israel desde fines del año pasado, incluye entre sus pretensiones alejarlo de la campaña electoral con mira a los comicios generales del 9 de febrero de 2025, en que él espera postularse para la reelección en el cargo por un periodo de cuatro años (2025-2029).
Aseguró que la funcionaria juega un rol en una trama mucho más grande y por tal razón se entiende el amparo que recibió por parte de otros partidos y figuras políticas (sin mencionarlos) para afectarlo de manera directa y explícita en los próximos comicios.
"Es lo que intentan conseguir a través de ella: campo abierto en las elecciones presidenciales", recalcó el mandatario, quien se distanció de su binomio desde antes de la toma de posesión el 23 de noviembre pasado.
En su opinión, la reciente denuncia presentada por la vicemandataria en su contra por presunta "violencia política de género" representa un ataque a la voluntad popular expresada en las urnas el 15 de octubre de 2023.
Insistió en que Abad y sus partidarios buscan arrebatarle al país la ratificación de un proyecto político que, a su juicio, y por primera vez en la historia, decide no tranzar con la corrupción ni con mafiosos y que da pasos firmes para la recuperación de nuestro país.
"No les importa dejar sin presidente al país y sin comandante en jefe a las Fuerzas Armadas en pleno conflicto armado interno. No exageramos cuando dijimos: quieren ver al Ecuador arder, con tal de reinar sobre sus cenizas", consideró el dignatario ecuatoriano.
Por último, en su mensaje, Noboa ratificó a los ecuatorianos la seguridad que participará en las venideras elecciones generales.
Esta semana, Abad presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta violencia política de género y también su destitución del cargo, además de su inhabilitación para presentarse a cargos de elección popular en los siguientes cuatro años y multas por valor de 70 salarios básicos unificados (más de 32.000 dólares).
Asimismo, solicitó estas medidas contra su canciller, Gabriela Sommerfeld; el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y su asesora presidencial, Diana Jácome.
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