"México está analizando, entre otras acciones, si se presenta una apelación o se demanda en otras cortes estadounidenses", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores en una nota publicada en su cuenta de la red social X.
El juez de distrito de Boston, Massachusetts (noreste), Dennis Saylor IV, desestimó las querellas contra seis de las ocho empresas que México había demandado en 2021, entre ellas Sturm, Ruger RGR y Glock, alegando problemas jurisdiccionales.
"Al tratarse de una estrategia de litigio amplia, se analizarán los siguientes pasos a seguir", indica la cartera de Relaciones Exteriores que encabeza la canciller Alicia Bárcena.
El magistrado calificó la conexión de las empresas con Massachusetts como "mínima en el mejor de los casos".
En marzo del año pasado, México apeló una sentencia anterior de una corte de Boston, en un primer fallo que desestimó la demanda presentada hace tres años contra fabricantes de armas, que considera a las armerías responsables en parte por la violencia del crimen organizado trasnacional.
En aquella ocasión apeló al fallo del tribunal emitido a principios de octubre de 2022, según el cual "desafortunadamente para el Gobierno de México, todos sus reclamos legales están prohibidos por ley federal o fracasan por otras razones".
Expediente judicial
El texto de la cancillería, publicado horas después del fallo emitido este mismo 7 de agosto, considera importante destacar que la demanda de México en Boston continúa en contra de dos empresas: Smith & Wesson, y la compañía Interstate Arms.
"Esta decisión no afecta la demanda contra estas dos empresas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas. Las acciones contra estas seis empresas continúan", aclara el anuncio oficial mexicano.
Las seis empresas desvinculadas por el fallo del juez son: Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt"s Manufacturing, Glock & Strum, y Ruger.
Saylor IV considera que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no había demostrado que cualquier arma de fuego vendida específicamente en Massachusetts le había causado ningún daño.
Pero el Gobierno mexicano asegura que estadísticamente era probable que algunas armas de fuego vendidas en ese estado acabaran siendo traficadas ilegalmente a territorio nacional.
En marzo del año pasado, México logró respaldo en su apelación en la que insistió que "la ley de EEUU que otorga inmunidades a quienes manufacturan y comercian armas no abarca los daños causados en territorio mexicano".
Presentó en esa ocasión nueve escritos bajo la figura de Amigos de la Corte en favor de su demanda, firmados por parte un amplio espectro de actores mundiales.
México estima que hay en su territorio 13 millones de armas sin registrar, la gran mayoría traficadas ilegalmente desde EEUU, suficientes para que una de cada 10 personas esté armada en una población de casi 130 millones de habitantes.
Entre los nueve escritos de apoyo que han sido desestimados están las "fuerzas del orden estadounidenses, entre los que se encuentran un excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, y jefes de policía de ese país".
La lista incluía a procuradores de 17 estados de la federación estadounidense que también cuestionaron la ley federal que otorga inmunidades a la industria de armas.
Además, 24 fiscales de distrito de EEUU, incluyendo el fronterizo Arizona, señalan que las armas traficadas "facilitan el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, causando daños a sus comunidades".
Cinco países caribeños (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Jamaica, y Trinidad y Tobago), así como una coalición de organizaciones en favor del desarme, apoyaban la demanda.
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