Por un día, la actividad en Argentina estuvo prácticamente paralizada. El grado de acatamiento al segundo paro nacional contra el Gobierno impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) reflejó la dureza de la respuesta sindical a las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei.
Tras un derrumbe salarial cercano al 20% en apenas cuatro meses, el gremialismo unido volvió a golpear la mesa de negociaciones con una nueva huelga general: se trata de la segunda en apenas cinco meses de gestión de La Libertad Avanza. A diferencia de su antecesora —fechada el 24 de enero—, la adhesión de los sindicatos del Transporte terminó frenando prácticamente toda la movilidad a nivel nacional.
La medida de fuerza llegó el día posterior a que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara el dato oficial de actividad industrial, que da cuenta de un inédito derrumbe en la producción. El impacto de la recesión en la cantidad de puestos de trabajo es una de las principales preocupaciones del gremialismo.
El mensaje al Gobierno
"Hubo muy poco movimiento en la calle. Relevamos un acatamiento superior al 95%: a pesar de que hay libertad sindical para no parar, la enorme mayoría de trabajadores apoyaron la medida. Hay una clara decisión de la ciudadanía de respaldar la lucha", señaló a Sputnik Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, gremio que nuclea a los maquinistas ferroviarios.
Según el dirigente, "el sindicalismo está desempeñando un papel central en este momento tan difícil". De acuerdo a Maturano, la CGT se ha revitalizado al calor de medidas de fuerza como la huelga o el apoyo a la masiva manifestación en defensa de las universidades públicas. "La movilización junto a los estudiantes nos dio un nuevo aire para seguir resistiendo", apuntó.
"No hay paritarias libres por decisión del Gobierno, que pretende parar la inflación a costa de los trabajadores. Los salarios están estancados: en nuestro caso, perdimos casi el 40% de nuestro poder adquisitivo entre noviembre y abril", remarcó el ferroviario.
El variopinto perfil de los trabajadores que adhirieron a la huelga general da cuenta de la relevancia alcanzada. Orlando Restivo, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, declaró a Sputnik que "decidimos apoyar el reclamo porque los salarios de trabajadores de la salud vienen en caída libre: algunos no tuvieron ni el aumento previsto para marzo, contra una inflación de más del 10% mensual".
"La caída del poder adquisitivo llevó a que mucha gente abandone la medicina privada, y eso pone mucha más presión sobre el sistema público. Eso, sumado al alto precio de los insumos, puede generar problemas en hospitales. La salud y sus trabajadores necesitan un mejor presupuesto para seguir", apuntó Restivo.
El impacto de la medida
Desde la cúpula del Gobierno nacional se intentó matizar el alcance de la adhesión. Primero fue el propio presidente, Javier Milei, quien en sus redes sociales publicó una imagen con la leyenda "yo no paro".
A su vez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió un mensaje titulado: "HOY NO PAREMOS".
A pesar de la narrativa desplegada desde el oficialismo, la iniciativa puede haber constituido un punto de desgaste adicional para el Poder Ejecutivo frente al gremialismo. Consultado por Sputnik, el politólogo Julio Burdman apuntó que "este paro tiene características adicionales a otros que hubo en los últimos Gobiernos. Milei debería tomarse en serio porque el nivel de acatamiento da cuenta de que hay un malestar creciente en la calle".
"Si sumamos la marcha universitaria, parece que de a poco van apareciendo demandas concretas cuyo costo empieza a ser absorbido por el propio Milei. Parece haber elementos de demandas sociales que empiezan a unirse contra el Gobierno", remarcó el analista.
De todos modos, el investigador aclaró que no considera que la medida de fuerza "constituya un hito en sí mismo, sino que suma una instancia más a un proceso largo donde parece ir reconfigurándose la relación entre el Gobierno y la sociedad, manifestada en las calles".
En ese marco emerge un cuestionamiento a la polarización impuesta desde la Casa Rosada, según la cual todo opositor a las iniciativas oficialistas formaría parte de la 'casta' a la que el presidente prometió destronar durante toda la campaña electoral. La confluencia de protestas gremiales y estudiantiles debería, de acuerdo a Burdman, advertir a La Libertad Avanza sobre los límites de sus políticas.
"El discurso oficialista sostiene que los que se le enfrentan son 'la casta política', pero cada vez aparecen más flancos donde los reclamos se materializan en movimientos concretos en las calles. Ahí el Poder Ejecutivo debería mirar con atención, porque si sigue soslayando el peso de las movilizaciones puede cometer un grave error de lectura", concluyó.
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