Según una evaluación de impacto publicada en el sitio web del Ministerio del Interior, el organismo está en contacto solo con el 38% de las personas que pretende enviar a Ruanda. Únicamente 2.145 personas "siguen reportándose al ministerio y pueden ser detenidas", indica la evaluación de impacto, de las 5.702 personas identificadas para ser enviadas en los primeros vuelos, comunica el medio The Guardian.
Los 3.557 solicitantes de asilo restantes no se esconden necesariamente de las autoridades, pero no están sujetos a las restricciones de reportarse y el Ministerio del Interior del país no puede encontrarlos actualmente para detenerlos, reza el informe.
"El Ministerio del Interior está acostumbrado a esto desde el punto de vista operativo. Así que esperamos expulsar a ese grupo de personas, así como a otras, a finales de año. Queremos que se transmita alto y claro el mensaje de que si alguien no se reporta como debe, se le encontrará", declaró a Sky News la secretaria de Estado de Salud y Atención Social, Victoria Atkins.
Los grupos y activistas de derechos humanos condenaron enérgicamente el plan, que el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, prometió poner en marcha en julio de 2024, subraya The Guardian.
El proyecto de ley para enviar a inmigrantes y solicitantes de asilo a Ruanda como tercer país seguro fue aprobado el 22 de abril por el Parlamento británico, después de meses de una batalla política encabezada por Sunak. De acuerdo con el jefe del Gobierno británico, el proyecto romperá "el modelo de negocio de las bandas criminales y salvará vidas".
Ruanda y el Reino Unido firmaron un acuerdo migratorio en 2022 en virtud del cual las personas identificadas por el Gobierno británico como migrantes indocumentados o solicitantes de asilo serán deportadas a Ruanda para su procesamiento, asilo y reasentamiento.
El primer vuelo de deportación debía tener lugar en junio de 2022, pero no se realizó debido a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo declaró ilegal. Los legisladores británicos tuvieron que redactar un nuevo acuerdo el año pasado, después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminara que el plan original no garantizaba la seguridad de los solicitantes de asilo.
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