El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023, según el cual en Bolivia se vulneran las garantías constitucionales de parte de la población, generó amplias repercusiones en el panorama político local. Mientras el Gobierno de Luis Arce rechazó la "injerencia" en asuntos internos de la Administración Biden, desde la oposición avalaron la postura de las autoridades estadounidenses.
El informe señalado observa las condiciones de encierro de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos detenidos por su participación en el golpe de Estado que derrocó al expresidente Evo Morales (2006-2019), casi cinco años atrás. Según la oposición, en Bolivia hay 250 "presos políticos".
Más allá del repudio a las declaraciones del Departamento de Estado norteamericano, un sector del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) reconoció que se debe trabajar en una profunda remodelación del Órgano Judicial.
En diálogo con Sputnik, el analista político Álvaro del Pozo también rechazó la injerencia estadounidense, al considerar que carecería de moral para hablar de respeto a los Derechos Humanos.
"EEUU es un aliado de Israel, que está violentando sistemáticamente al pueblo palestino. No tiene autoridad moral para hablar de una conducta ejemplificadora. Ni EEUU ni ninguna potencia pueden hablar porque siempre velan por sus intereses antes que por la vigencia de los Derechos Humanos", resaltó.
No obstante, "debemos ser suficientemente sinceros y valientes con nuestra sociedad para poner en práctica una reforma sustantiva a nuestro sistema judicial", advirtió el analista.
Crisis en el sistema
La Justicia boliviana arrastra una crisis estructural, cuyo reordenamiento no está a la vista. Los actuales magistrados de los máximos tribunales finalizaron sus mandatos el último día de 2023. Pero decidieron extender sus tareas indefinidamente, mientras en la Asamblea Legislativa Plurinacional no hay acuerdo para definir las y los candidatos para llamar a unas retrasadas elecciones judiciales.
¿Por qué no avanza la convocatoria a elecciones en la Asamblea? Por el enfrentamiento entre legisladores del MAS, que tienen la mayoría tanto en Diputados como en el Senado. Pero la división entre un sector que apoya al expresidente Morales y otro que está firme junto a Arce imposibilita acordar una lista de postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
"Estructuralmente no hemos sabido construir un sistema judicial que garantice lo que establece la Constitución y los derechos fundamentales. En ese sentido, creo que el informe nos recuerda que se debe trabajar mucho más en la independencia del Órgano Judicial, que es fundamental en cualquier democracia", consideró Del Pozo.
Más allá de los casos de Áñez y Camacho, citados en el informe, el analista evaluó que actores de otras vertientes políticas tampoco están exentas de la precariedad de la justicia boliviana.
"No son los únicos que han podido sufrir excesos de la justicia. Hay cantidad de ciudadanos que sufren detenciones preventivas, que en Bolivia se convierten en regla y no en excepción, como debería ser", juzgó Del Pozo. Entre ellos mencionó a los familiares y víctimas de las masacres promovidas por Añez y sus seguidores en noviembre de 2019.
Del Pozo agregó que "en la historia boliviana, el Órgano Judicial siempre ha dependido del Gobierno de turno. Eso hay que resolverlo, porque los mismos que en su momento persiguen, más tarde les tocará ser perseguidos. Eso no está bien, tiene que terminar. Este informe nos recuerda las fallas y debilidades que tenemos como Estado".
"Fuentes imprecisas"
Además de denunciar la injerencia de EEUU, el Gobierno de Arce observó que el informe del Departamento de Estado no contiene información veraz y comprobable. Esta falta de consistencia se sustenta en el método para elaborar el documento, fundamentalmente a partir de entrevistas informales a líderes políticos y de organizaciones de la sociedad civil simpatizantes de la Embajada estadounidense.
"El uso predominante de fuentes imprecisas, o la ausencia de ellas, compromete la veracidad del contenido y omite considerar una gama más amplia de visiones dentro del espectro social y político del país", destacó el comunicado de la Cancillería boliviana.
Por ello, "el informe es un intento de afectar la credibilidad del país, distorsionando la realidad boliviana y omitiendo mencionar los avances significativos en materia de derechos humanos en favor de la niñez, adolescencia y adultos mayores que ha realizado el Gobierno".
En este aspecto, el Gobierno reafirmó "su compromiso inquebrantable en la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estados".
El documento del Departamento de Estado admitió que se construyó a partir de "informes creíbles", según los cuales se podría determinar que en Bolivia existen "tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de agentes gubernamentales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; graves problemas con la independencia del Poder Judicial".
Según el texto, en EEUU fueron informados de "graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas; grave corrupción gubernamental; serias restricciones gubernamentales a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos".
La postura de Creemos
Creemos es el partido político creado por Camacho para postularse a la presidencia de Bolivia en 2020. Luego de obtener el 14% de votos, decidió inscribirse para gobernar el departamento de Santa Cruz, entonces ganó.
Algunos legisladores de Creemos dirigieron una carta al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, para quejarse del Gobierno boliviano.
"Rechazamos la calificación de 'injerencia' e 'intromisión' que ha realizado la Cancillería boliviana, pues consideramos prudente, oportuno y necesario que otros Estados monitoreen, hagan seguimiento y denuncien a la comunidad internacional la grave situación de los derechos humanos en el país y los excesos del Gobierno autoritario de Luis Arce Catacora ante la violación sistemática de los derechos humanos", escribieron los seguidores del gobernador, detenido desde finales de 2022 en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
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