En la Plaza de Mayo no cabía ni un alfiler. En una movilización histórica, cientos de miles de personas colmaron las calles de Buenos Aires y de todo el país en reclamo contra el drástico recorte en el presupuesto de las universidades públicas que amenazaba su supervivencia. Por primera vez en años, obreros y estudiantes estrecharon brazos en pos de una lucha común.
"Para nosotros es muy importante ver que los trabajadores acompañan nuestro reclamo. Cuando marchamos juntos somos más fuertes, y el Gobierno no va a poder hacer oídos sordos a tanta gente en la calle movilizada por sus derechos", dijo a Sputnik Mariana García, referente del Centro de Estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Los motivos eran evidentes. La decisión de congelar para todo el 2024 las partidas dispuestas para 2023 —con una inflación interanual que roza el 300%— suponía una licuación real de casi el 70% de los recursos para las emblemáticas casas de estudios superiores. Ese clima de alarma disparó la marcha federal universitaria, una de las más masivas en los últimos 20 años. De acuerdo a los organizadores se concentraron 800.000 personas, aunque medios como La Nación estimaron la participación en 400.000.
Días antes de la movilización, el Gobierno había intentado desactivar la protesta con un aumento del 70% en el gasto de funcionamiento de las universidades, que redundaría en un incremento presupuestario real de apenas el 2%. Inclusive con el anuncio, las partidas continuarían siendo las más bajas desde que se tiene registro, tal como graficó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), basándose en información pública de la plataforma oficial Presupuesto Abierto.
La propuesta oficial fue rechazada de plano por las autoridades. "No tenemos garantizado el funcionamiento para el segundo semestre del año. Lo ofertado no cubre el reclamo", dijo a Sputnik Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín.
La advertencia exhibida por Greco llegó a un mar de familias que salieron a las calles preocupadas por el futuro de sus hijos. "Yo soy trabajador y mi esposa también: ninguno pudo llegar a la universidad. Pero ahora luchamos para que mi hija pueda estudiar en la universidad pública", dijo Hernán, obrero metalúrgico de 45 años.
La trascendencia de la convocatoria de carácter nacional respondió al apoyo vertido por distintas organizaciones civiles. La más emblemática fue la Confederación General del Trabajo (CGT), que adhirió al llamamiento, incluso ya habiendo definido la fecha para una nueva huelga general contra el Gobierno.
En busca de calmar las aguas, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, remarcó en su conferencia de prensa horas antes de la movilización: "creemos que es legítimo cualquier reclamo que puedan hacer los jóvenes", y aclaró que "si alguien cree que le puede quitar legitimidad a este Gobierno, es casi un tren fantasma".
Al llamado de las universidades se plegaron incluso las escuelas secundarias. Tal es el caso del emblemático Colegio Carlos Pellegrini, cuyo centro de Estudiantes convocó a la movilización. En diálogo con Sputnik, Inés Ramírez —joven de 17 años y secretaria general del colegio—, afirmó que "vamos a marchar contra el ajuste que pone en riesgo a la educación pública, que es una bandera del país".
Si bien la convocatoria fue transversal en términos partidarios, referentes políticos de la oposición se expresaron contra las medidas dispuestas por el Gobierno. El expresidente Alberto Fernández (2019-2023) convocó a la movilización: "todos juntos en defensa de las universidades públicas", publicó en sus redes.
Por su parte, la expresidenta (2007-2015) y exvicepresidenta (2019-2023), Cristina Fernández de Kirchner, también se plegó a la protesta.
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