"Las acciones de México forman parte de una estrategia más amplia. El tema de asilo diplomático es eminentemente interamericano. Hay foros que estamos explorando a los que podamos recurrir", afirmó en conferencia de prensa el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, Alejandro Celorio Alcántara.
El diplomático mexicano puntualizó que, sobre todo, este tema se puede analizar a través de la Convención de Caracas.
"La Convención de Caracas de 1954 tiene tres artículos: el país que otorga el asilo, tiene derecho de hacerlo. El segundo artículo, que algunos han buscado resaltar, de que no se puede dar [protección] a una persona sobre la que pesen algunas cuestiones penales, olvidan leer el artículo 4, que dice que es potestad del Estado que otorga [este conducto]", agregó.
Celorio Alcántara recordó que, previamente, Ecuador presentó una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externando que el asilo diplomático es un derecho.
"El artículo 4 de la Convención de Caracas de 1954 reitera que no solo es derecho del país asilante darlo, sino determinar la naturaleza de la acusación. A nosotros, como país asilante, nos corresponde determinar si hay presunción o persecución política, y a Ecuador le [toca] el salvoconducto. En esa negociación y mecanismo al que nunca recurrió Ecuador, se pudieron haber considerado elementos adicionales", precisó.
El diplomático mexicano destacó que Glas y su familia han presentado medidas cautelares ante la CIDH, por lo que el asunto seguirá en desarrollo.
El 5 de abril de 2024, la Policía Nacional de Ecuador ingresó por la fuerza a la Embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había solicitado asilo político al Gobierno de López Obrador; el político tenía una orden de aprehensión en su país por presunta malversación de fondos en la reconstrucción de dos provincias afectadas por un sismo.
Tras su arresto, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, ubicada en el suroeste de Ecuador.
El ingreso de las fuerzas ecuatorianas a la Embajada mexicana derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre las naciones, por lo que el México interpuso una denuncia contra el Gobierno ecuatoriano en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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