"Aprobada por unanimidad, en consecuencia se declara sancionada la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, y se remite a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de carácter orgánico", dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
La ley surgió luego del referendo consultivo sobre la protección de la Guayana Esequiba, que realizó Caracas el 3 de diciembre, que obtuvo más de 10 millones de votos.
En ese entonces, el presidente Nicolás Maduro estableció nueve líneas que pondrá en marcha su Gobierno para la Guayana Esequiba, entre las que se encuentran: la creación de una alta comisión nacional; la conformación de una Zona de Defensa Integral; el otorgamiento de licencias operativas para la exploración de petróleo, gas y minas; y la difusión del nuevo mapa de Venezuela con la inclusión del territorio Esequibo.
Tras el referendo consultivo, el 14 de diciembre, el presidente Maduro, y el de Guyana, Irfaan Ali, sostuvieron un encuentro en San Vicente y las Granadinas, donde expresaron su disposición de continuar con el diálogo para dirimir la controversia por el territorio Esequibo.
Además, acordaron que Venezuela y Guyana "directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia".
De igual manera, convinieron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido, el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
Venezuela impulsó la ley luego de que el Gobierno guyanés decidió citar bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar, y otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; TotalEnergies, de Francia; y a Sispro Inc, de esa nación.
En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China.
Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.
En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.
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