El pasado domingo 4 de febrero, el Senado de EEUU dio a conocer el esperado proyecto de ley suplementario de seguridad nacional, valuado en 118.000 millones de dólares. Entre los principales puntos, la iniciativa incluye unos 60.000 millones de dólares en ayuda adicional para Ucrania, 14.000 millones de dólares en fondos para financiar la ofensiva de Israel en Gaza, y unos 20.000 millones de dólares para seguridad fronteriza.
Una misma postura crítica exhibió el exsubcomisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, Ronald Vitiello, en su entrevista con Sputnik, analizando los pros y los contras de esta iniciativa.
"Esto [por el proyecto de ley bipartidista del Senado] no saca a las personas [migrantes] de esta situación, y además beneficia al crimen organizado, incentiva a las personas que se meten en este proceso y los contrabandistas se van a aprovechar de eso", dijo el exfuncionario fronterizo de las gestiones de Donald Trump y Barack Obama.
Vitiello, que se postula para el Senado de Estados Unidos por el estado de Virginia por el Partido Republicano, dijo que parece difícil que el proyecto de ley vaya a ser aprobado por el Congreso.
La legislación propuesta ha recibido muchas reacciones negativas de los republicanos e incluso de miembros del ala izquierdista de los demócratas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes por desacuerdos sobre las medidas de política fronteriza, lo que hace que el futuro de la legislación sea incierto.
Según el senador James Lankford, uno de los negociadores republicanos clave en el proyecto de ley complementario, los cambios a la política fronteriza estadounidense propuestos en el proyecto de ley incluyen límites al uso de la libertad condicional de captura y liberación en la frontera, que se espera detenga más de medio millón de cruces fronterizos cada año.
La legislación propuesta también incluiría medidas mejoradas para deportar a los inmigrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos, restricciones más fuertes a la elegibilidad de asilo de los inmigrantes en los Estados Unidos, 650 millones de dólares para construir más muro fronterizo y un cierre obligatorio de la frontera para los inmigrantes ilegales cuando el número diario de inmigrantes ilegales superan los 5.000.
"Bajo esta nueva autoridad, todavía hay que llegar al puerto [de entrada]", dijo Vitiello. "Eso será una ventaja para los cárteles porque controlan el tráfico, controlan el oleoducto, todos los policías corruptos, todos los contrabandistas, toda la gente que los metió [a los inmigrantes] en camiones con remolque", sentenció.
Vitiello señaló que no se cambiaron leyes durante el Gobierno del expresidente Donald Trump y que, sin embargo, el entonces mandatario logró reducir la inmigración ilegal a su nivel más bajo en 50 años en la frontera de Estados Unidos con México.
De todas formas, el Gobierno de Joe Biden ha rechazado la idea de que el presidente estadounidense deba tomar medidas ejecutivas unilaterales para asegurar la frontera.
Cabe recordar que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU documentó más de 302.000 "encuentros" contra migrantes en diciembre, lo que supone la cifra más alta jamás registrada en un solo mes. La Administración Biden también ha experimentado tres años consecutivos de cifras récord de migración ilegal en la frontera sur.
La tensión con Texas
Lo "lamentable" de la crisis migratoria en Estados Unidos es que Texas tiene que redoblar esfuerzos para asegurar la frontera estadounidense con México como resultado de la negativa de la Administración Biden a hacerlo, advirtió Vitiello.
"Creo que es desafortunado que Texas tenga que hacer lo que la Administración se niega a hacer para asegurar la frontera", dijo Vitiello.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha destinado más de 4.000 millones para aumentar la seguridad fronteriza y combatir la inmigración ilegal en la región durante los últimos tres años.
La decisión del presidente Joe Biden de rescindir las políticas de seguridad fronteriza del expresidente Donald Trump, como la llamada política 'permanecer en México', es lo que creó la crisis actual, señaló Vitiello.
"Joe Biden heredó los mínimos de actividad en 45 años [en la frontera sur de Estados Unidos]", dijo Vitiello. "Para reparar eso, no es necesario que el Congreso actúe. Después de haber derribado todo, [en el Gobierno de Biden] se niegan a arreglarlo ahora".
Por las diferencias en política fronteriza y su jurisdicción, el estado de Texas se encuentra actualmente en batallas judiciales con la Administración Biden.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó recientemente que los agentes federales pueden cortar las cercas de alambre de púas que la Guardia Nacional de Texas colocó a lo largo de la frontera del estado con México para impedir que los inmigrantes ingresen ilegalmente a Estados Unidos entre los puertos de entrada.
Además, la Administración Biden está pidiendo a la Corte Suprema que intervenga en los esfuerzos de la Guardia Nacional de Texas para impedir que los agentes federales patrullen una sección de la frontera entre Estados Unidos y México en la pequeña localidad de Eagle Pass, que ha sido durante mucho tiempo un punto caliente para la migración ilegal. Las acciones policiales de Texas han detenido el fuerte aumento de la inmigración ilegal en esa zona.
Los esfuerzos de Texas en Eagle Pass "obviamente han marcado una diferencia", dijo Vitiello.
El peso del tema migratorio en año electoral
Vitielo también sugirió que las últimas votaciones en las elecciones primarias de Estados Unidos han revelado a la campaña de Biden que los votantes consideran la seguridad fronteriza como el principal tema entre sus preocupaciones.
"Ellos [la campaña de Biden] ahora saben, después de New Hampshire e Iowa, que [la inmigración] es el tema número uno en la mente de los votantes", señaló.
Sin embargo, el exfuncionario dijo que pese a que la administración demócrata tiene la desaprobación más alta de la historia entre la ciudadanía de EEUU en relación con sus políticas migratorias, [la Casa Blanca] "continúa haciendo lo mismo".
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