El pasado 2 de febrero, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, denunció la persecución política contra su administración por parte de la Fiscalía General de la Nación, a raíz de la investigación que lleva adelante el organismo por presunto financiamiento irregular de la campaña política que lo elevó a la Presidencia en 2022.
Petro calificó como una "seria ruptura institucional" e intento de "golpe de Estado" la investigación procedente del fiscal general, Francisco Barbosa. Previamente, el mandatario había acusado que la persecución es ejercida por "funcionarios" del expresidente Iván Duque (2018-2022) "que controlan la Fiscalía".
Esto ocurrió tras el allanamiento ordenado por la autoridad judicial de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), debido a una supuesta donación irregular, equivalente a 127.000 dólares, para la campaña de Colombia Humana, fuerza política del actual presidente.
Las investigaciones de la Fiscalía se dan en un contexto de clara polarización política en Colombia, marcada además por el fallo de la Procuraduría General de la Nación, que suspendió de su cargo al canciller Álvaro Leyva, investigado por supuestas irregularidades en la concesión del contrato para la provisión de pasaportes.
A la vez, Petro ha tenido que desmentir versiones emanadas desde la prensa local sobre una inminente renuncia de todo el gabinete presidencial, luego del último cambio en el consejo de ministros en abril de 2023.
A raíz de la "ruptura institucional" denunciada por el presidente Petro, sectores del oficialista Pacto Histórico impulsan una denuncia por "violación a los principios democráticos" del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, detallaron medios locales.
"La situación de Colombia se resume en dos frases que marcan cómo estamos viviendo hoy: se politizó la justicia y la política se judicializó", indicó a Sputnik el politólogo y comunicador Felipe Mendoza.
De acuerdo con el analista colombiano, el agravamiento de la actual situación de enfrentamiento político tiene su origen en la administración de Iván Duque, ya que desde su presidencia las instituciones del país "han ido variando y maniobrando un poco su función hasta incidir de forma más directa en el funcionamiento de la democracia colombiana".
Mendoza considera que la continua búsqueda de polarización política en el país sudamericano se corresponde con una "estrategia de agudización de contradicciones", con el fin de "cimentar condiciones estructurales para la transición política que se viene", aseveró.
En tal sentido, para el analista se está gestando un proceso de reorganización política en Colombia "hacia la consolidación y configuración de esas autoridades, esos referentes o potenciales candidatos que en un futuro van a marcar la lucha por el poder", en referencia al fiscal general Barbosa, potencial candidato a presidente por el Centro Democrático —fuerza política del exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010)—, para las elecciones de 2026; así como a la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, también ligada al uribismo.
"Ahora vemos cómo el fiscal Barbosa entra a hacerle un aparente contrapeso al Gobierno, que es necesario en la democracia colombiana, pero que uno siente que está movido por otros temas", añadió Mendoza.
El año 2024 se prevé complejo para la administración de Petro, que busca desarrollar sus líneas de gestión y concretar políticas estructurales como las reformas a la salud y de pensiones, aún en instancia de discusión parlamentaria, para lo cual la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo "será crucial".
En este contexto de urgencia para la Presidencia colombiana, la oposición "va tratando de gestionar la radicalización y la confrontación" en un clima político "muy agitado", reflexionó Mendoza.
"El Gobierno tiene que ver cómo logra estabilizar y consolidar su nivel de comunicación y de arraigo con los escenarios ciudadanos y decodificar la esencia de la izquierda para organizarla", subrayó por último el analista colombiano.
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