Un día antes, el 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la excarcelación del exmandatario, quien está preso en el penal de Barbadillo por crímenes cometidos durante su mandato, concretamente en los casos La Cantuta y Barrios Altos.
En redes sociales y medios locales ya comenzaron a circular imágenes sobre cómo el exmandatario sale de la cárcel, ubicada en el distrito de Ate, en el este de Lima. Allí llegó la hija del político, Keiko Fujimori, quien fue candidata presidencial el año pasado.
La orden para liberar a Fujimori se concreta a pesar de las críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unida (ONU), organismos que se han pronunciado a favor de que el político siga tras las rejas debido a sus delitos, también relacionados con actos de corrupción.
Alberto Fujimori había sido condenado en 2009 a 25 años de prisión por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas en 1991 y 1992 y en la que fueron asesinadas 25 personas, y también por los secuestros de un periodista y de un empresario en 1992.
En 2017, el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) otorgó a Fujimori un indulto por "razones humanitarias" a causa de un supuesto mal estado de salud. Sin embargo, este indulto fue revocado por la justicia peruana en 2018 tras haberse hallado vicios en su concesión, por lo que el expresidente debió retornar a prisión.
En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó restablecer el indulto a Fujimori, luego de atender un recurso de hábeas corpus.
Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de 2022 la CIDH ordenó al país andino no liberar al exmandatario.
El fallo del tribunal conocido el 5 de diciembre considera que la CIDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado.
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