En 1978, cuando Pablo Escobar empezó a edificar su emporio de narcotráfico, el líder del Cártel de Medellín adquirió 3.000 hectáreas para construir la Hacienda Nápoles, terreno ubicado en Puerto Triunfo, Antioquia, y que sería su fortaleza y propiedad preferida.
En ese lugar, a unos 200 kilómetros al nororiente de Bogotá, Escobar dio rienda suelta a sus deseos: una mansión con acabados españoles y un garaje gigantesco para sus autos de colección, una plaza de toros, una pista de aterrizaje y un zoológico.
En 1993, el capo del narcotráfico fue dado de baja por las autoridades y la Hacienda Nápoles quedó abandonada. Algunos animales murieron y otros fueron llevados al zoológico de Medellín. Sin embargo, los hipopótamos —un macho y cuatro hembras— quedaron a la deriva y empezaron a reproducirse sin control.
Han pasado 30 años y el animal más grande dentro de las especies catalogadas como invasoras está fuera de control en el Magdalena Medio, el valle de la región andina donde se encuentra la vieja hacienda.
El capricho de Escobar, con el tiempo, desató un problema ambiental que hoy en día tiene en problemas no solo a los campesinos de la zona, sino a un Gobierno nacional que sigue buscando medidas para saber qué hacer con la población descontrolada de hipopótamos.
A la fecha son 181 especímenes que prosperan en un área de 8.000 kilómetros cuadrados, dadas las buenas condiciones climáticas de la zona.
15 de julio 2023, 05:30 GMT
En 2022, el Ministerio de Ambiente declaró al hipopótamo como una especie invasora, aludiendo, entre otras cosas, a que la vida de los pobladores de la región corría peligro, pues en caso de encontrarse con un animal de estos las posibilidades de sobrevivir son mínimas.
Ya en abril de este año, 28 investigadores del Instituto Alexander von Humboldt y del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional realizaron un estudio en el que propusieron acciones de manejo de los hipopótamos sueltos en Colombia.
En este documento se explicó cómo esta especie ponía en peligro a los pobladores de la zona y se dieron soluciones, entre ellas la caza controlada. Por esa fecha, un automóvil atropelló a un hipopótamo en la vía que conduce de Bogotá a Medellín, lo que terminó en la muerte del animal.
En noviembre de este año, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que se iban a tomar tres medidas estratégicas para controlar la situación: el traslado de los animales a países con garantías para su supervivencia (México, India y Filipinas); la esterilización y lo que ella misma denominó como la eutanasia ética, esta última sometida, claro, a consultas públicas.
Mientras que las negociaciones para sacar a los hipopótamos de Colombia continúan, las esterilizaciones ya comenzaron. El problema es que este procedimiento quirúrgico cuesta, por individuo, alrededor de 40 millones de pesos colombianos (unos 10.000 dólares), sumado al alto riesgo que representa no solo para el equipo médico, sino para el animal mismo.
El Gobierno hizo una proyección y anunció que, entre noviembre y diciembre, se harían 20 esterilizaciones, es decir, dos por semana, algo que no parece tan sencillo si se tiene en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare es la única que tiene experiencia este procedimiento.
"El Gobierno de Gustavo Petro ha planteado varias alternativas que no necesariamente tienen que ver con el sacrificio de los animales. Tenemos que partir del punto de que son individuos que merecen que se abra la posibilidad de que sigan existiendo porque ellos no son los culpables de lo que está pasando", indica a Sputnik la senadora Esmeralda Hernández, defensora de los derechos de los animales en el Congreso de la República.
De acuerdo con la legisladora, "los colombianos tienen que entender que el origen del problema somos los seres humanos. Nosotros los sacamos de su hábitat natural y cuando la cultura de la mafia empezó a importar estos animales, las entidades estatales no se preocuparon. Con esta propuesta, el Gobierno le está dando a los animales la importancia que se merecen y asumiendo algo que es una responsabilidad del Estado".
Por último, la senadora Hernández señala que hay que agotar todas las opciones antes de recurrir a una caza controlada. "Necesitamos reconocer los derechos de los animales, que sean entendidos como individuos. Y visto desde la moralidad pública, y desde la ética animal, esterilizarlos es el camino correcto para controlar lo que está sucediendo".
Cazar, mejor que esterilizar
Hugo Fernández es un biólogo que ha seguido de cerca el tema de los hipopótamos y que ha investigado a fondo la mejor solución para controlar la población del mamífero gigante.
A diferencia de lo que opina la parlamentaria defensora de los animales en polémica, este profesor de la Universidad Nacional cree que la caza controlada es el mecanismo para reducir esta problemática.
"Sí, usted los esteriliza, pero tiene que tener claro para qué. Si lo hace y los deja seguir en el territorio, esto no ayudará a contener problemas que sufren las comunidades. Los hipopótamos seguirán deambulando, acabando con cultivos, invadiendo los espacios de otras especies, transmitiendo enfermedades, incluso siendo un peligro para los campesinos. La cosa cambia si hay un plan de llevarlos a un zoológico o restringir su tránsito. Pero no es así", explica Fernández a Sputnik.
El académico aclara que la cacería controlada de especies invasoras está legislada en el país sudamericano. "Entonces no podemos apelar a los moralismos y tenemos que remitirnos a los análisis biológicos y a los hechos".
Por ahora, mientras el debate sigue abierto, el Gobierno colombiano seguirá con su plan de esterilizar, hasta finales de 2023, a 23 especímenes, tarea para nada sencilla, costosa y que, siguiendo la línea de los biólogos y expertos, no contendrá nada.
"Estamos a tiempo para tomar decisiones efectivas y no medidas que no ayuden a solucionar esto de raíz", concluye Fernández.
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