Según el trabajo, elaborado por el analista Rafael Prieto Curiel, exmiembro de la Policía de la Ciudad de México y actual académico de la Complexity Science Hub de Viena, los cárteles mexicanos emplean entre 160.000 y 185.000 personas para sus operaciones en el país.
De esta manera, la totalidad de la mano de obra al servicio de los grupos dedicados al trasiego de drogas coloca a los cárteles como el quinto empleador de México, solo superados por Fomento Económico Mexicano (FEMSA, que gestiona la distribución de Coca Cola y las tiendas Oxxo), Walmart, Manpower y América Movil.
Esta cifra, históricamente elusiva dada la naturaleza opaca e ilegal de estas actividades, es superior al número de trabajadores formales de empresas mexicanas gigantes como Petróleos Mexicanos (Pemex), Oxxo y la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El estudio también señala que pese al combate al narco llevado adelante por los sucesivos gobiernos mexicanos y el encierro en cárceles de un promedio de 6.000 ciudadanos al año por sus vínculos laborales con estas organizaciones, el número de personas trabajando para este tipo de grupos criminales ha crecido entre 2012 y 2022, en una cifra estimada en 60.000 nuevos empleados.
En ese sentido, Prieto Curiel estima que estos colectivos criminales se reclutan entre 350 y 370 personas nuevas todas las semanas.
Para el autor, tanto el desempleo juvenil como la "glorificación mediática" de los cárteles son factores clave para su éxito al alistar nuevos miembros, aunque también señala que el reclutamiento forzoso, a través de amenazas realizadas contra las familias de las personas, también resulta efectivo.
En ese sentido, el investigador mexicano al frente del análisis afirma que la única forma de reducir la violencia del narco en México, que en 2022 alcanzó cifras récord, no es a través de tribunales ni de las cárceles, sino cortando el reclutamiento.
Según el estudio Índice de la Paz en México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz en México (IEP) y publicado este junio, en los últimos ochos años los homicidios asociados al narcotráfico han crecido casi un 300%, pasando de 8.000 muertes en 2015 a 23.500 en 2021.
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