Sin darle declaraciones a la prensa y en medio de un fuerte despliegue policial, Boluarte abandonó la sede del Ministerio Público tras responder a la indagatoria de la fiscal general, Patricia Benavides.
La mandatario peruana es investigada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, durante las protestas en los departamentos Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
La Fiscalía inició el pasado 11 de enero esta investigación preliminar contra Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los extitulares del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes.
El abogado de la presidenta, Joseph Campos, adelantó a la radioemisora RPP que su cliente solo respondería a las preguntas vinculadas a la investigación.
La jefa de Estado, quien ascendió al poder tras la destitución del presidente Pedro Castillo (2021-2022), dijo que no se acogería al derecho de quedarse en silencio, porque se considera "la primera persona que quiere saber la verdad de lo que pasó con los fallecidos en esas marchas de protestas violentas".
La mandataria fue citada inicialmente para el 31 de mayo, pero pidió una reprogramación, la cual fue aceptada por el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, quien estuvo presente este 6 de junio en la diligencia.
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