De hecho, NBC News agrega que "una fuente de alto rango de las fuerzas del orden dijo que el Servicio de Impuestos Internos de EEUU [IRS, por sus siglas en inglés] terminó su investigación hace más de un año" también.
Según el medio, "los posibles cargos son dos delitos menores por no declarar impuestos, un único delito grave de evasión de impuestos relacionado con un gasto empresarial de un año de impuestos, y el cargo de posesión de armas".
La revelación se produce apenas dos días después de que un abogado que representa a un empleado anónimo del IRS escribiera en una carta al Congreso que su cliente, un "agente Especial de Supervisión Criminal del IRS que ha estado supervisando la investigación en curso y sensible de un sujeto controvertido de alto perfil desde principios de 2020", está tratando de testificar ante los legisladores como un denunciante protegido.
Según el abogado, el agente especial del IRS, que según los reportes ha pasado más de una década en el trabajo, está tratando de proporcionar información que "contradecirá el testimonio jurado ante el Congreso de un alto cargo político". Además, denuncia "claros conflictos de intereses" en el caso y ejemplos específicos de "trato preferencial y la política infectando indebidamente decisiones y protocolos".
No está claro si las autoridades siguen considerando la posibilidad de acusar también a Hunter Biden de blanqueo de dinero y de no haberse registrado conforme a la ley de Registro de Agentes Extranjeros —FARA, por sus siglas en inglés—. Pero en los últimos años, el Departamento de Justicia ha intensificado seriamente los enjuiciamientos por presuntas violaciones de esta ley, aunque hasta ahora se han centrado en gran medida en aquellas que estaban políticamente opuestas a la familia Biden.
En 2018, el exgerente de la campaña electoral de Donald Trump, Paul Manafort, fue condenado a 60 meses de prisión por supuestas violaciones de la ley FARA relacionadas con trabajos realizados en Ucrania. También le cayeron otros 30 meses por otros cargos.
Esta semana, varios socialistas negros de Florida fueron acusados de no haberse registrado en virtud de la ley FARA por fiscales que les acusan de no informar a las autoridades estadounidenses de que recibieron fondos de alguien que supuestamente actuaba en nombre del Gobierno ruso. Esto alimenta aún más las sospechas de que las actuaciones judiciales de la Administración Biden tienen motivaciones políticas.
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