Se trata del proyecto de Ley 305, que prevé hasta siete años de cárcel para quienes cometan actos de racismo y discriminación. La normativa estaría coartando su derecho a la libertad de expresión, denuncian los profesionales integrantes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB).
Los periodistas realizaron plantones y protestas en varios departamentos del país sudamericano. Expresaron su preocupación por el artículo 281 del mencionado proyecto, porque consideran que la calificación de qué es un acto racista o discriminador y qué no comprometería su labor informativa.
"Total rechazo de periodistas al proyecto de ley 305", titularon en los últimos días varios medios de comunicación privados. Pero hay sectores de comunicadores que no se alinean con la ANPB ni la CSTPB, organizaciones que consideran parcializadas políticamente.
Días atrás, un grupo de periodistas no afiliados a estas instituciones se reunió con la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que visitó Bolivia para manifestar su punto de vista.
"Les dijimos que no todos los periodistas nos sentimos representados por la ANPB, cuya dirigencia ha sido elegida por 86 votos, sobre los 5.000 periodistas que estamos en el país", contó a Sputnik el comunicador Jimmy Iturri, quien participó de esa reunión con el órgano defensor, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Describió a la ANPB como "un grupo minoritario, que se ha refugiado en ese lugar para tomar tecito y complotar contra cualquier Gobierno progresista y de izquierda que haya".
El comunicador comentó que ninguna de estas instituciones se pronunció ante casos de agresión y persecución a periodistas que no comulgan con su línea ideológica.
"Tienen derecho de hacer lo que quieran, pero en muchos casos de violación de derechos humanos y persecución de los golpistas contra periodistas progresistas, no se han pronunciado ni nos han apoyado ni nos ha resguardado, a pesar de que deberíamos ser parte de la asociación", señaló Iturri.
El periodista es director y accionista de la red ATB (Asociación de Teledifusoras Boliviana), canal televisivo que pasó bajo asedio durante el periodo del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).
"Estoy cumpliendo 41 años de periodista. He trabajado con mucha gente de la ANPB, pero ellos hacen un manejo político. Eso queríamos demostrarle a la CIDH", explicó.
Además de Iturri, se reunieron con la CIDH Camila Ugalde, Claudia Benavente, Diego Montaño, Freddy Morales, Iván Maldonado, Jimmy Iturri, José Aramayo, Lucía Sauma, Pedro García y Susana Bejarano.
6 de abril 2023, 22:51 GMT
Los periodistas que no son parte de esta asociación ni de la CSTPB le recordaron a la delegación de la CIDH que visitó el país "el conjunto de violaciones de derechos que hubo durante y luego del golpe de 2019 [contra Evo Morales]. Nos amenazaban con meternos presos por sedición, incluso intentaron hacerse cargo de medios de comunicación. En el caso del mío, por ejemplo, quisieron incendiarlo", denunció Iturri.
¿Qué dice el artículo cuestionado?
El texto de la propuesta señala que quienes cometan un acto de difusión e incitación al racismo o la discriminación serán sancionados con privación de libertad por un plazo de tres a siete años.
Uno de los incisos indica que "cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno".
En 2010, durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019) se intentó sancionar una ley en el mismo sentido, pero la resistencia de los periodistas impidió avanzar entonces en la legislación, que es parte de acuerdos del país con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por eso este proyecto se llama Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos.
El exdirector del diario opositor Página Siete y actual presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, calificó la propuesta de ley como "un intento del Gobierno de acallar las voces. Es un nuevo intento de afectar al periodismo".
"Nuevamente hay penas de cárcel para los periodistas por situaciones que afectan a toda la sociedad boliviana. La manera ambigua como está redactada la norma nos pone a todos en riesgo", expresó Peñaranda a la prensa en una de las protestas.
La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) se declaró en emergencia y movilización permanente en rechazo al proyecto de ley 305.
"Anteriores gobiernos pretendieron imponer leyes mordaza a nombre de transparentar la información o supuestamente apoyar derechos políticos de turno. Esta vez se pretende disfrazar el pisoteo a los derechos humanos bajo el nombre de 'compromisos internacionales'", denunció FTPLP en su comunicado.
"La ley 305 no es otra cosa que penalizar el ejercicio profesional del periodismo, impedir la investigación y difusión de los hechos de corrupción ejercidos por autoridades municipales, locales, departamentales y nacionales", sentenció la federación.
Iturri destacó que varios periodistas contrarios al proyecto de ley "fueron funcionarios del Gobierno de Áñez". "Está el caso de Raúl Peñaranda, totalmente ligado a los grupos de poder, incluso trabajó en la alcaldía de La Paz bajo órdenes del exministro de Áñez y ahora alcalde Iván Arias", cuando en 2021 fue designado "delegado de la Agencia Municipal para el Bicentenario", advirtió.
Según el director de ATB, "todos ellos tienen una línea política. Piden libertad para ellos, pero no libertad para el resto".
El presidente Luis Arce afirmó que está abierto a discutir con los periodistas el texto del proyecto de Ley 305. Y les pidió sentarse a dialogar antes de continuar con sus actos de protesta.
Una ley de 1925
En sus manifestaciones, los periodistas exigen respeto a la Ley de Imprenta, vigente desde 1925. Allí se establece que ante la presunción de faltas a la ética periodística, el o la comunicadora en cuestión deberá enfrentar un Tribunal de Imprenta, antes que a la justicia ordinaria, como propone el observado proyecto.
Pero según una investigación de la Fundación para el Periodismo, solo hay tribunales de imprenta en tres de los nueve departamentos que conforman Bolivia: La Paz, Santa Cruz y Oruro. En los dos primeros casos se necesitan nuevos miembros, porque varios ya fallecieron o tienen otras labores. Pero las sucesivas convocatorias emitidas por las alcaldías para cubrir los 40 puestos quedaron vacantes.
Además, el tribunal no sesiona en Santa Cruz desde hace 17 años, por falta de denuncias. Y el tribunal de Oruro, el único del país que está completo, no atiende un caso desde su fundación, en 2017.
Para Iturri, "se necesita una ley que modernice a la Ley de Imprenta", también que regule los mensajes difundidos por las redes sociales, incluidos los casos en que se publican fotografías o videos sin consentimiento de las personas que allí aparecen.
"Pero claro, aquí hay una lucha política que exagera y solo toma una parte del todo para defender sus intereses", reclamó el periodista.
En ese sentido, Iturri recordó las declaraciones del expresidente del Comité Pro Santa Cruz Rómulo Calvo en noviembre de 2022, cuando concluyó el paro de 36 días para la realización del censo en 2023, lo cual finalmente no se logró.
"Calvo dijo: 'Tenemos que ver cuál va a ser nuestra relación con un país que no nos quiere'. Pero el diario El Deber en vez de 'país' puso 'un Gobierno que no nos quiere'", citó el periodista.
"Hay una serie de tergiversaciones y faltas de ética periodística que demuestran que la derecha tiene miedo. Por eso habla de 'ley mordaza': quiere seguir viviendo con la libertad de poder calumniar, mentir y estropear a la democracia", concluyó Iturri.
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