El proceso para aprobar un juicio político en contra del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, debe superar ahora a la Corte Constitucional, órgano autónomo conformado por nueve miembros.
Según estipula el procedimiento, el pedido de juicio político contra Lasso cae en manos de uno de los jueces, que debe elaborar un proyecto de resolución para ponerlo a consideración del resto de la Corte. Por sorteo, la tarea quedó en manos de la magistrada Teresa Nuques, que el lunes 27 presentó a sus colegas un informe que recomendaba no admitir el juicio político contra Lasso.
El informe de Nuques solo obtuvo tres votos y no logró los seis apoyos necesarios para ser aprobado por la Corte. El diario El Universo recogió que el texto de la magistrada contó con su propio voto y el de sus pares Carmen Corral y Enrique Herrería. Los jueces Alí Lozada, Alejandro Cárdenas, Daniel Salazar, Karla Andrade, Jhoel Escudero y Richard Ortiz se pronunciaron en contra.
Tal como establece el reglamento interno, la negativa obligó a la Corte a volver a sortear un nuevo juez ponente entre los que rechazaron la iniciativa original, con el objetivo de elaborar otro proyecto de resolución sobre un posible juicio político a Lasso. El nuevo responsable es Richard Ortiz, que dada la complejidad del caso tendrá como coponente a Alí Lozada.
En total, el pleno de la Corte cuenta con un plazo de seis días para emitir una resolución sobre la admisibilidad del juicio, por lo que la decisión final deberá definirse esta semana.
Los magistrados pueden optar por posicionarse a favor, expresar su voto salvado —manifestar un desacuerdo total o parcial— o concurrente —que están alineados con el dictamen pero hay discrepancias en la fundamentación jurídica—.
De definirse la admisibilidad del juicio político, la Corte deberá poner en conocimiento al Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, que dirigirá el proceso a la Comisión de Fiscalización, la que a su vez tendrá 30 días para elaborar un informe y elevarlo al pleno del recinto legislativo para iniciar el juicio.
La Asamblea Nacional requiere de 92 votos para encontrar culpable al presidente y destituirlo de su cargo. Si eso sucede, la presidencia ecuatoriana pasaría al actual vicepresidente, Alfredo Borrero.
Sin embargo, nada impide que el mandatario aplique el recurso constitucional conocido como muerte cruzada, que permite al poder ejecutivo disolver al legislativo y convocar a elecciones.
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