En la apelación, México insistió en que "la ley de EEUU que otorga inmunidades a quienes manufacturan y comercian armas no abarca los daños causados en territorio mexicano".
México apeló la sentencia de una corte de la ciudad estadounidense de Boston, Massachusetts (este), tras el fallo de un juez que desestimó la demanda presentada en 2021 contra fabricantes de armas, que considera en parte responsables de la violencia del crimen organizado.
El fallo del juez Dennis Saylor IV, del tribunal en Massachusetts emitido a principios de octubre, indica que "desafortunadamente para el gobierno de México, todos sus reclamos legales están prohibidos por ley federal o fracasan por otras razones".
En respuesta, el Gobierno de México presentó el martes pasado nueve escritos de 'Amigos de la Corte' en favor de la demanda, firmados por "un amplio espectro de actores en todo el mundo", anuncia la secretaría de Relaciones Exteriores.
12 de octubre 2022, 23:28 GMT
Los respaldos
México estima que hay en su territorio 13 millones de armas sin registrar en todo el país, la gran mayoría traficadas ilegalmente desde EEUU, suficientes para que una de cada 10 personas esté armada en una población de casi 130 millones de habitantes.
Entre los nueve escritos entregados antes de vencer el plazo de una semana tras la presentación de la apelación destacan "fuerzas del orden estadounidenses, entre los que se encuentran un excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza y jefes de policía de ese país".
21 de octubre 2022, 17:07 GMT
Los funcionarios denuncian que la manera en que se fabrican y venden armas en EEUU "facilitan el tráfico de armas a México".
Destacan también que dichas armas han causado una crisis de seguridad en ambos lados de la frontera, resaltando que el crimen organizado que emplea las armas estadounidenses ha causado la actual epidemia de fentanilo en ese país.
Procuradores de 17 estados de la federación estadounidense también cuestionaron la ley federal que otorga inmunidades a la industria de armas.
Además, 24 fiscales de distrito de EEUU (incluyendo Arizona), señalan que las armas traficadas "facilitan el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, causando daños a sus comunidades".
Otros dos especialistas en litigios transfronterizos y derecho internacional también se pronunciaron en favor de que la ley estadounidense no resulte aplicable en el presente caso.
Juristas mexicanos también manifiestan que "el acceso a la justicia es un principio de derecho internacionalmente reconocido, por lo que la Corte de Apelaciones debe permitir que proceda la demanda del Gobierno mexicano", según el recuento.
Activistas, víctimas de violencia armada y organizaciones de la sociedad civil de ambos lados de la frontera, señalan la importancia de promover un "comercio responsable" de armas para evitar la muerte de personas inocentes, y se pronuncian por una interpretación del derecho en favor de la posición de México.
La decisión judicial que es objetada determinó que una ley de inmunidades en EEUU protege a las empresas manufactureras de armas en ese país, aun cuando sus conductas causen un daño en México.
El juez Saylor afirmó que la norma federal conocida como Ley de Protección del Comercio Legal en Armas "inequívocamente prohíbe demandas legales que buscan responsabilizar a fabricantes de armas por los actos de individuos que las usan para sus propósitos" y no hay excepciones aplicables a este caso.
El magistrado argumentó además que el tribunal que encabeza "no tiene la autoridad de ignorar un acto del Congreso", al referirse a la ley federal que cita como base de su resolución.