¿En qué consiste?
La primera ministra de Francia, Elizabeth Borne, presentó el 10 de enero un proyecto de reforma, según el cual las autoridades del país europeo empezarán a retrasar la edad de jubilación tres meses al año a partir del 1 de septiembre de 2023, hasta alcanzar los 64 años en 2030.
Otro factor que ha causado descontento social es que, para obtener una pensión completa, el periodo de cotización exigido pasará de los 42 años (168 trimestres) a los 43 años (172 trimestres), de aquí a 2027, a razón de un trimestre por año.
Asimismo, se eliminarían los privilegios de jubilación que disfrutan algunos empleados del sector público, como los trabajadores del Metro de París o de Electricité de France (EDF).
El presidente Emmanuel Macron y su Gobierno afirman que la reforma al sistema de pensiones es necesaria por "el envejecimiento de la población", ya que existe el temor que, en algún futuro, no haya trabajadores en activo suficientes que paguen las pensiones de los jubilados. Según las autoridades francesas, la reestructura del sistema permitirá evitar ese desequilibrio y, con ello, mantener el estado de bienestar.
Sin embargo, una buena parte de la población, sobre todo la clase trabajadora, desconfía de la postura oficial. Desde enero pasado, millones de personas se han movilizado en diversas regiones de Francia para manifestar su rechazo a la reforma.
¿A quiénes afecta?
A todos los trabajadores franceses del sistema de seguridad social. En las marchas que se realizan desde hace semanas participan trabajadores de diversos sectores: energía, transporte, construcción, servicios, limpieza, metalurgia, educación, refinerías.
También se ha detectado la presencia de grupos estudiantiles, desde nivel preparatoria hasta universidades.
De hecho, los más jóvenes eran quienes portaban carteles con consignas como: "Suban los salarios, no la edad de jubilación", “Vivir mejor: no a la jubilación a los 64 años" y "Quiero jubilarme antes de pillar un cáncer".
Las confederaciones obreras y los sindicatos —principales opositores de la reforma junto con la izquierda y la ultraderecha— aseguran que los ajustes al sistema de pensiones afectarán a tres tipos de personas:
Quienes hayan empezado a trabajar más jóvenes
Quienes ganen menos
Quienes tengan empleos que impliquen un mayor desgaste físico o mental.
En pocas palabras: un duro golpe al Estado de bienestar de Francia —contrario a lo que dice Macron.
Según la Confederación General del Trabajo, 3,5 millones de personas se manifestaron en todo el territorio francés el pasado 7 de marzo, en lo que se consideró la mayor movilización obrera en el país europeo en mucho tiempo. El Ministerio del Interior francés ha intentado desestimar esa cifra y afirma que solo salieron a las calles 1,28 millones.
16 de marzo 2023, 10:40 GMT
¿Cómo esquivó Macron al Parlamento?
Para evitarse discusiones legislativas y ahorrarse tiempo, el Gobierno francés utilizó una facultad prevista en el artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación del proyecto sin necesidad de pasar por el voto de los diputados.
El artículo 49.3 de la Constitución prevé lo siguiente: "El primer ministro podrá, previa deliberación del Consejo de Ministros, comprometer la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea Nacional en la votación de un proyecto de ley de financiación de las finanzas o de la seguridad social. En este caso, este proyecto de ley se considerará adoptado, a menos que se apruebe una moción de censura, presentada en las veinticuatro horas siguientes, en las condiciones previstas en el párrafo anterior. El primer ministro podrá, además, recurrir a este procedimiento para otro proyecto o proposición de ley por período de sesiones".
Tras el decreto de Macron —con el cual el mandatario se saltó la aprobación del Poder Legislativo— las protestas se han agravado en intensidad y violencia.
Moción de censura: nueva complicación
El uso de la facultad prevista en el artículo 49.3 podría, a su vez, provocar que se endurezca el movimiento de protesta en las calles, pero también podría causar una moción de censura por parte de los parlamentarios.
De ese modo, el Legislativo podría frenar la reforma, y debido a la composición actual del Parlamento francés, el Ejecutivo podría perder.
Los diputados de la coalición presidencial disponen de una mayoría relativa, y los diputados de extrema izquierda a extrema derecha tendrían que ponerse de acuerdo para desautorizar al Gobierno.
Por lo pronto, la opositora política y líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, anunció que presentará una moción de censura contra el Gobierno de Macron.
"Esperamos que los que iban a votar en contra de esta reforma de las pensiones voten esta moción de censura. Por nuestra parte, presentaremos una moción y votaremos a favor de todas las mociones de censura que se presenten", añadió, aclarando que el uso del 49.3 "es una admisión de fracaso total de Emmanuel Macron" así como una "extraordinaria admisión de debilidad" del Gobierno
¿A partir de cuándo entrará en vigor la reforma?
Si la oposición del Parlamento no prospera, empezará a regir en septiembre de 2023.
¿Quiénes están en contra?
Prácticamente, todos los sindicatos del país se han pronunciado en contra y convocado a huelgas y manifestaciones contra la reforma. En dos meses en Francia se declararon ocho huelgas generales y centenares de manifestaciones organizadas por los sindicatos.
Diversos sectores productivos como el del gas, petroleros, los controladores aéreos, basureros, trabajadores ferroviarios y del metro de París, burócratas en áreas administrativas, maestros y estibadores se han movilizado.
El 68% de los franceses, según los sondeos, están en contra de la reforma de Macron.
Este miércoles 15 de marzo, 500.000 personas protestaron contra el proyecto en todo el país.
Los legisladores de izquierda y de extrema derecha se oponen fuertemente. Los conservadores están divididos.
Desde el pasado 13 de marzo, toneladas de basura se acumularon en las calles de París como consecuencia de la huelga de los trabajadores de la limpieza.
¿Quiénes la promovieron?
El Gobierno de Emmanuel Macron es el principal promotor de la reforma. Su finalidad, según ha dicho, es tener una economía francesa más competitiva y evitar el colapso del sistema estatal de pensiones.
La Administración macronista también ha mencionado que su objetivo es ahorrar para las arcas públicas y evitar déficits en el futuro.
¿Qué críticas ha recibido?
Los participantes de las protestas exigen fijar la edad de jubilación en 60 años y acogen con escepticismo las explicaciones de las autoridades sobre la necesidad de tal reforma que pretextan la escasez de recursos presupuestarios para el pago de las pensiones.
Dicen que Francia debe distribuir más justamente las riquezas, gravar con impuestos las superganancias y dejar de aumentar el presupuesto militar.
También han denunciado los atajos legales del Gobierno para impulsar la ley como una "negación de la democracia".
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