"Hasta el presente mi país ha sido blanco de 927 medidas coercitivas unilaterales y otras imposiciones criminales e ilegales, directas e indirectas, utilizadas como herramienta deliberada para destruir nuestra economía y tratar de forjar sin éxito, esto ha generado que el país haya dejado de percibir más de 232.000 millones de dólares americanos en los últimos nueve años", detalló el funcionario durante su intervención transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión.
El canciller también denunció que durante la pandemia del COVID-19 hubo desigual acceso a las vacunas, lo cual consideró que atenta contra el derecho a la salud de los venezolanos. No obstante, el funcionario indicó que su país alcanzó el cien por ciento de la meta de la población objetivo vacunada y que logró mitigar los efectos del COVID-19, pese a las grandes dificultades que generan el bloqueo y las sanciones en su contra.
De acuerdo con el Gobierno, sobre Venezuela pesan más de 900 sanciones, las cuales provocaron la disminución del 99% de los ingresos.
Venezuela denuncia la "politización" del Consejo
El canciller condenó de manera "enérgica" la "politización" del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por parte de algunos sectores, durante su intervención en el marco del periodo número 52 de sesiones del organismo.
"En el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el marco del 30 aniversario de la aprobación del Programa de Acción de Viena, rechazamos y condenamos de la manera más enérgica la politización y los dobles estándares que han aplicado y pretenden seguir aplicando sectores muy específicos en este digno consejo", detalló el funcionario durante su intervención transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión.
Caracas pide al Consejo pronunciarse sobre el caso de Alex Saab
"Un ejemplo tangible del desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos lo constituye el vil secuestro del venezolano Alex Saab, hoy injustamente detenido en Estados Unidos, su actual proceso está plagado de grandes vicios y graves aberraciones, frente a lo cual este consejo debería pronunciarse por constituir un caso ignominioso de violación a los derechos humanos", detalló Gil en su intervención transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión.
En el marco del bloqueo económico y las sanciones impuestas por EEUU y varios países europeos a Venezuela, la Administración de Maduro designó a Saab como su representante diplomático ante Rusia e Irán, con la misión de gestionar la adquisición de alimentos, medicinas, repuestos e insumos necesarios para el país caribeño.
Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 por las autoridades de ese país en virtud de un pedido de captura internacional emitido por EEUU, que lo acusa de lavado de activos.
Washington ha insistido en sus alegatos que Saab no contaba con la condición diplomática al momento de la aprehensión e intentó hacer ver que el nombramiento se produjo luego de ser arrestado.
Venezuela presenta en la CPI un escrito en rechazo a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad
El Gobierno de Venezuela presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un escrito en el que rechaza las acusaciones sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente ocurridos en este país suramericano.
"La República Bolivariana de Venezuela informa que este 28 de febrero del año 2023 presentó ante la Corte Penal Internacional un escrito con el cual desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido", señala el comunicado difundido a través del canal estatal Venezolana de Televisión.
De acuerdo con el texto, Venezuela denunció las diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
"Incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha Corte", destaca el documento.
En su escrito, la Administración de Nicolás Maduro señaló que aportó información que "evidencia el carácter político del proceso iniciado en la Corte Penal Internacional en el año 2018 como parte de la estrategia de cambio de régimen impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos de América".
En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.
Entretanto, en noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karin Khan, tras una reunión que sostuvo con Maduro en Caracas, determinó abrir una investigación a Venezuela, luego concluir el examen preliminar por presuntas violaciones de derechos humanos.
Además, Maduro y la CPI acordaron establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes.
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