Mientras el Gobierno colombiano avanza en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la Ciudad de México, ya prepara también el comienzo de las negociaciones de paz con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las dos facciones principales de exintegrantes del grupo guerrillero que no se plegaron al acuerdo de paz de 2016.
El grupo conocido como Estado Mayor Central de las FARC es liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco. El cabecilla había sido reportado como muerto por el Gobierno de Iván Duque en julio de 2022, pero reapareció con vida en septiembre para manifestar su disposición a dialogar con el Gobierno de Petro. En enero de 2023, la agrupación se plegó al cese al fuego decretado por la Casa de Nariño, sede del poder ejecutivo colombiano.
En ese marco, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, encabezada por Danilo Rueda, comunicó que había recibido una lista con "los nombres de 20 integrantes" del Estado Mayor Central de las FARC "que participarían en una reunión de mandos con la finalidad de definir sus delegados para iniciar eventualmente una mesa de conversaciones de paz".
Para que los dirigentes elegidos por los ex-FARC puedan participar de las conversaciones, el Gobierno pidió a la Fiscalía General de la Nación "una suspensión temporal de la ejecución de las órdenes de captura dentro del territorio nacional".
Si bien Bogotá aseguró que la medida no era inédita y que cumple con lo previsto por la constitución, el pedido resultó polémico por incluir, dentro de los 20 nombres, el de Alonso Velosa García, alias John Mechas, un dirigente de las FARC señalado por varios crímenes, entre ellos un intento de atentado contra el entonces presidente Iván Duque, perpetrado en 2021.
El pedido del Gobierno no fue del todo bien recibido por el fiscal general de la Nación, Francisco Barboza, que pidió al propio Gustavo Petro que su Administración aclare la situación jurídica de los nombres incluidos en la lista. El mayor inconveniente legal radica en si los miembros de las disidencias ya fueron firmantes del acuerdo de paz de 2016 y luego lo incumplieron.
17 de febrero 2023, 22:55 GMT
El levantamiento de las órdenes de captura también despertó rechazos políticos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ofuscó por la posibilidad de que se levante la orden de captura sobre John Mechas, recordando que estuvo involucrado en un atentado que provocó la muerte de dos niños en la capital del país sudamericano en marzo de 2022.
"Yo quiero levantar mi voz de protesta. Al señor alias John Mechas de las FARC ahora le vuelven a dar gabelas. Deberían entregarlo con grilletes a Bogotá, ese desgraciado mató a dos niños, hizo dos atentados con bomba en Ciudad Bolívar. La gente de Arborizadora Alta y Sierra Morena merece tranquilidad y se merece respeto, respaldo", exclamó la alcaldesa capitalina en declaraciones recogidas por El Espectador.
Frente a los cuestionamientos, el Gobierno de Petro insistió con el pedido de levantar los pedidos de captura y aclaró que la decisión "no implica la suspensión de investigación judicial alguna ni una amnistía o indulto para ninguna de las 20 personas en cuestión".
La Segunda Marquetalia
El otro frente que debe atender la gestión de Petro en las conversaciones de paz con las disidencias de las FARC es la intención de la Segunda Marquetalia, la otra vertiente importante de los ex-FARC, de obtener un estatus político que le permita participar en la vida política de Colombia.
La posibilidad de que la Segunda Marquetalia, agrupación liderada por Luciano Marín Arango alias Iván Márquez, pueda tener una expresión institucional política fue señalada por el ministro del Interior Alfonso Prada, tras un evento.
De todas maneras, los liderados por alias Iván Márquez también tienen un problema jurídico para alcanzar su objetivo en los acuerdos de paz, ya que sus integrantes participaron del documento de 2016 pero lo desconocieron luego de firmarlo.
"La Segunda Marquetalia tiene una dificultad jurídica seria, que es precisamente que algunos califican que abandonó el proceso de paz y desde esa perspectiva está reincidiendo en algo que jurídicamente tiene dificultades", dijo Prada a medios colombianos.
La necesidad de que la Segunda Marquetalia tenga estatus político fue defendida por Rodrigo Londoño, identificado por su nombre guerrillero como Timochenko y dirigente actual del partido Comunes, derivado del cuerpo guerrillero desmovilizado tras la firma de los acuerdos de 2016, a través de un comunicado.
"El momento histórico por el que pasa Colombia demanda grandeza y generosidad, y el retorno de Iván Márquez y otros a las armas no puede ser óbice (obstáculo) para dar tratamiento político a la Segunda Marquetalia y demás organizaciones armadas compuestas por exintegrantes de las extintas FARC-EP", reivindicó.
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