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Combustible caro y 'apps': las razones detrás del paro nacional de taxistas en Colombia

Sectores del gremio de taxistas de Colombia anunciaron un paro nacional para el 22 de febrero, en reclamo por el precio del combustible y la operación de aplicaciones de transporte. Pero hay sectores gremiales en desacuerdo con la medida que, aseguran, se trata de una protesta política.
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Las movilizaciones de taxistas tendrán lugar en distintas ciudades de Colombia el 22 de febrero, en protesta por el elevado precio de los combustibles y sobre el futuro de las aplicaciones tecnológicas de transporte en el país.
Uno de los líderes del gremio de taxistas de la ciudad de Bogotá, Herminso Bermúdez, afirmó no estar a favor de la movilización, pero entiende que las aplicaciones de transporte generan malestar entre los trabajadores de su sector.
"Que el ministro no les abra las puertas a estos conductores de vehículos de carros particulares; que si ellos desean, compren taxis y trabajen de igual manera que nosotros, esto es un mercado de puertas abiertas", opinó Bermúdez, en declaraciones recogidas por el diario El Tiempo.
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Bermúdez indicó, como otra de las razones atendibles de la protesta, la falta de acuerdos en relación a los precios de los combustibles, sobre las que el gremio "espera que sean más moderadas". En caso de no llegar a un acuerdo en la materia, esto podría traducirse en alzas en las tarifas hacia los pasajeros.
Por su parte, Hugo Ospina, líder de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, afirmó que la medida tomada por sectores gremiales "es un paro político", ya que no está dirigido a quien corresponde y agregó que su sector "no participará en el paro".
De acuerdo con Ospina, corresponde a los alcaldes y no al Gobierno controlar que los particulares no infrinjan la ley al utilizar vehículos de uso particular como servicios de transporte.
"Ya el Gobierno dio las instrucciones para controlar la ilegalidad en el transporte público y quien sea sorprendido prestando el servicio sin los fundamentos que permite la ley, se le debe cancelar la matrícula del vehículo e imponer una multa de hasta 700 millones para el conductor [120.000 dólares], pero eso no se hace por ineficacia de los alcaldes, que no tienen los pantalones para poner orden en este problema que nos aqueja", señaló el líder gremial al medio Vanguardia.
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El ministro de Transportes, Guillermo Reyes, convocó a las partes a reunirse para discutir sobre los puntos en conflicto, a la vez que hizo un llamado público a protestar sin afectar a los demás.
El Gobierno, a través de un comunicado público del Ministerio de Transportes, manifestó "toda su disposición para construir mediante el diálogo soluciones concertadas a los problemas que viene planteando este importante sector del taxismo", y llamó a las carteras de Trabajo, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Ciencia y Tecnología a sumarse a la mesa de diálogo.
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