"Estos manifestantes —movimientos sociales que en general quieren una nueva Constitución en Perú— se inspiran en el caso chileno", evalúa el politólogo Jefferson Nascimento, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos [IESP] de la Universidad Estatal de Río de Janeiro [UERJ].
"Las fuerzas del orden no están preparadas ni equipadas para resistir este tipo de movilización. El último error fue la entrada en la UNMSM, donde actuaron sin medir el uso [...] de la fuerza. La actuación de las fuerzas policiales debe darse en todo momento con transparencia, asegurando el debido proceso legal, respetando los derechos humanos de todos los participantes y en coordinación con el Ministerio Público de la Nación", señaló Torres Prieto.
"Si el Gobierno sigue actuando con torpeza reprimiendo a los manifestantes, la población acabará uniéndose y presionando para que se produzca un cambio. La forma en que se desarrollen estas movilizaciones, si hay violencia excesiva o daños a la propiedad privada y pública, será crucial para conseguir el apoyo popular", valora.
"La Constitución de 1993, aún vigente, dificulta el acceso de la población a los derechos sociales y hace muy frágil el Estado del bienestar. Podemos ver que en este ciclo de protesta 2022-2023 este proceso de transformación, que en mi opinión ya se ha estado produciendo, está ganando mucha intensidad. Es importante que este proceso de transformación implique cambios en la Carta Constitucional, ya sea a través de reformas más profundas o de la elaboración de una nueva Carta Magna", subrayó Nascimento.
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